Mas de 130 jueces de los diversos tribunales de la República Dominicana, alzaron una sola voz reclamando los recursos económicos que la ley les otorga ascendente al 2.66% del presupuesto general de la nación y que según ellos son tan necesarios para una justicia eficiente.

El manifiesto de los jueces afirma «Este reclamo lo hacemos, en primer lugar, en nombre de la sociedad dominicana, ya que una sociedad sin justicia es una sociedad en anarquía, en segundo lugar, en el entendido de que siendo (los jueces) quienes a diario administramos justicia a los fines de hacer valer el imperio de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho, nos cuestionamos ¿Qué calidad tendríamos para desempeñar de manera digna nuestros cargos si callamos y aceptamos de forma pasiva que se vulnere en nuestro propio perjuicio la ley? Es por eso que hemos decidido asumir un rol activo, dando a conocer nuestros puntos de vista a la comunidad nacional e internacional. «



En un manifiesto firmados por un centenar de magistrados de juzgados de paz, instrucción, tierras, niños y adolecentes, cámaras civiles y comerciales, apelación y hasta miembros de la suprema corte entrante, dicen que la ley de presupuesto del 2010 esta viciada de inconstitucionalidad por no ceder las partidas presupuestarias establecidas en la ley para instituciones tan importantes del país entre ellas el poder judicial.

En este sentido, el manifiesto alega que el poder ejecutivo y legislativo se ha puesto de espaldas a la legalidad, por lo que ellos se mantendrán firme en el reclamo y lucharán para de diversas formas para que la ley y la constitución sea respetada.



El mismo hace referencia a la situación real y deficiente del sistema de administración de justicia, ya que en muchos lugares la precariedad manifestada en la carencia de instrumentos, buenas edificaciones y personal, imposibilita que los jueces puedan garantizar el derecho a la justicia.

Manifiesto nacional de los Jueces de la República Dominicana por una justicia eficiente.

«Recientemente hemos contemplado con estupor la forma en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se han colocado de espaldas a la legalidad, pese a los reclamos legítimos de amplios sectores de la vida nacional, aprobando y promulgando la ley que consagra el presupuesto del Estado para el año 2012, texto que vulnera una gran cantidad de leyes y coloca en entredicho la existencia de un verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana.

Conforme la Ley No. 194-2004, al Poder Judicial le corresponde el 2.66% del Presupuesto General del Estado. Cada año las necesidades de este Poder del Estado son mayores, ante la exigencia de poner en funcionamiento nuevos tribunales ya creados por ley, brindar mantenimiento a las estructuras existentes, suministrar servicios más eficientes y ofrecer a los miembros de la institución una calidad de vida medianamente digna. Sin embargo, en la práctica desde el año 2006 a la fecha, la asignación presupuestaria del Poder Judicial es cada vez menor, siendo en porcentaje un 1.28% para el año 2011, con una proyección para el 2012 de un 1.07%, atendiendo a la reciente promulgación de la Ley de Presupuesto General del Estado.

Hemos observado como el Poder Judicial ha reclamado a través de distintas vías el cumplimiento de la ley, no obstante, dicho reclamo ha sido ignorado.

Los suscritos, que junto a los empleados de la institución conformamos y damos vida a este Poder Judicial, donde cada día tratamos de darle decoro a la función judicial a pesar de las deplorables condiciones donde nos vemos obligados a administrar justicia, con un personal insuficiente y mal remunerado; en Juzgados de Paz y Juzgados de Primera Instancia donde no hay computadoras o las existentes son obsoletas, con espacios que se llenan de agua cuando llueve, donde pocas veces hay inversores o plantas eléctricas para laborar cuando falla la energía eléctrica, nosotros que en múltiples ocasiones no tenemos folders para crear nuevos expedientes o toners para imprimir las sentencias y demás documentos, entre muchas otras precariedades; de manera firme y decidida alzamos nuestra voz para exigir que se respeten la Constitución de la República y las leyes y que se otorgue al Poder Judicial lo que en derecho le corresponde.

Este reclamo lo hacemos, en primer lugar, en nombre de la sociedad dominicana, ya que una sociedad sin justicia es una sociedad en anarquía, en segundo lugar, en el entendido de que siendo (los jueces) quienes a diario administramos justicia a los fines de hacer valer el imperio de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho, nos cuestionamos ¿Qué calidad tendríamos para desempeñar de manera digna nuestros cargos si callamos y aceptamos de forma pasiva que se vulnere en nuestro propio perjuicio la ley? Es por eso que hemos decidido asumir un rol activo, dando a conocer nuestros puntos de vista a la comunidad nacional e internacional.

La situación que estamos denunciando es grave, pues el estrangulamiento económico al que está siendo sometido el Poder Judicial atenta contra la independencia y funcionalidad de un Poder del Estado que tiene autonomía presupuestaria y administrativa, siendo un ejemplo vivo de esta situación la declaración que hiciera nuestro honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia “Lo que pasa es que ahora la situación es distinta y estamos viendo el impacto que esto va a tener para el año que viene, porque por ejemplo, tendremos que reducir el horario de trabajo», declaraciones que compartimos y entendemos debemos poner en práctica en nuestros tribunales.

Por estas razones, hacemos un llamado a la máxima representación del Poder Ejecutivo, quien al igual que los firmantes juró respetar la Constitución y las leyes de la República, conforme el artículo 127 de la Constitución y a los representantes del Poder Legislativo, a los fines de que cuanto antes se proceda con la modificación de una ley de presupuesto que se encuentra viciada de inconstitucionalidad. De nuestra parte, el reclamo no cesará hasta tanto sean atendidas estas justas exigencias, para lo cual agotaremos todas las vías posibles, tanto jurisdiccionales como de otra índole, las cuales serán anunciadas oportunamente.»

Comunicado enviado por la organización Lucha X Tus derechos LXD