Hato Mayor. Antonio Manuel Cruz Ángeles, de 43 años, es un hombre que se dedicó a implementar el sistema de San, para entregarle alimentos y útiles del hogar a la gente, pero ahora enfrenta una acusación por estafa de más de dos millones de pesos en perjuicio de más de 200 mujeres y padres de familias en Hato Mayor, donde un juez le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Víctor Fragoso, juez de la Instrucción del Juzgado de Primera Instancia de Hato Mayor, aplicó la medida por considerar la intención de fuga, planteada por el Ministerio Público, representado por la fiscal adjunta, Inés Bruno Tejada.



Conforme las informaciones más de 200 personas habrían sido estafadas con más de dos millones de pesos, a través de una pirámide en la que cada vez se involucraban más personas.El acusado vendía la idea a personas de bajos ingresos de adquirir alimentos y útiles del hogar, pagando diaria o semanalmente una cuota a representantes de una supuesta compañía que creó para tales fines.

Las mujeres engatusadas sólo conservan los recibos de depósitos del dinero que entregaron a Antonio Manuel Cruz Ángeles, propietario de una agencia fantasma, que se denominaba “Sociedad de Ayuda Mutua de Alimentos y Ahorros”.



La supuesta compañía solo aceptaba ahorro hasta los 100 mil pesos, pero cuando los ahorrantes iban en RD$80 mil, el sujeto desapareció hasta que fue apresado en Baní y de ahí traído aquí, donde el fin de semana se conoció la media que lo llevará a prisión.

El sujeto ha propuesto a los ahorrantes que le gestionen su libertad y revivirá la empresa, para poder cumplir con las deudas contraídas en Hato Mayor.

De acuerdo al periódico El Nuevo Diario Antonio Manuel Cruz Ángeles, también está siendo requerido para enfrentar similar acusación en Higüey, Sabana de la Mar, El Valle, Miches, El Seibo, La Romana y San Pedro de Macorís, en la parte Este del país.

En la cadena, las supuestas estafadas también son victimarias porque motivaron a terceros entregar dinero mediante un SAN para recibir a cambio alimentos o útiles del hogar.

El procesado purgará la coerción en la cárcel pública de Cotuí, según la decisión evacuada por el juez Víctor Manuel Fragoso.