Las elecciones presidenciales de la República Dominicana ofrecen una «oportunidad extraordinaria» en la batalla por los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, a la vez que ha instado a los candidatos a tomar públicamente postura sobre una serie de cuestiones, entre ellas el alarmante índice de homicidios policiales, la violencia contra las mujeres y los abusos contra personas migrantes.

La organización Amnistía Internacional  ha formulado en una carta abierta una serie de recomendaciones para los candidatos presidenciales, entre ellas la necesidad de hacer una reforma exhaustiva de la policía, el nombramiento de un defensor del pueblo y la aplicación de medidas efectivas de resarcimiento en los casos de violencia de género, abusos contra migrantes, negación de documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana y desalojo forzoso.



“Las elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad extraordinaria de examinar las dificultades a que se enfrenta la República Dominicana, incluida la cuestión de cómo proteger y promover mejor los derechos humanos», ha señalado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

«Los derechos humanos no deben entenderse como una cuestión secundaria o aparte de los asuntos políticos y económicos cotidianos, sino como parte integrante y esencial de la sociedad dominicana.»



Amnistía Internacional ha formulado a los candidatos recomendaciones sobre diversas cuestiones de derechos humanos, entre ellas:

Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en el contexto de la seguridad pública

La Policía Nacional es responsable de un alto índice de violaciones de derechos humanos que incluyen homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Se ha demostrado que el uso de métodos policiales indebidos exacerba el problema de seguridad pública, al distanciar a gran parte de la población de la policía y transmitir el mensaje de que es legítimo que alguien se tome la justicia por su mano.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía suelen investigarse de manera inadecuada, por lo que muchos agentes responsables de ellas no comparecen ante la justicia.

Amnistía Internacional cree que el nuevo presidente debe garantizar que la Procuraduría General de la República ordena a todos los fiscales investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.

El presidente debe iniciar también una reforma de la Policía Nacional que esté basada en los derechos humanos y que sea exhaustiva, para que incluya también los aspectos relativos a la contratación, ascenso e investigación de antecedentes de los agentes, la supervisión interna y externa de la policía y las condiciones de trabajo de los agentes.

El nuevo presidente tendrá también que garantizar que las víctimas y las familias de víctimas de violaciones de derechos humanos reciben reparación plena.

Violencia contra las mujeres y las niñas

Los programas de varios candidatos presidenciales contienen medidas legislativas, normativas y administrativas para mejorar la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas de ella.

Se espera que, quienquiera que gane las elecciones, aplique una variedad de medidas entre las que figuran la creación de unidades de asistencia a las supervivientes de violencia en cada una de las 32 provincias del país, la adopción de medidas para garantizar el enjuiciamiento satisfactorio de los casos de violencia de género, el aumento en las fiscalías del personal con capacitación que se ocupa de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y el establecimiento de al menos un refugio en cada una de la nueve regiones del país.

El nuevo presidente debe también promover y reformar la legislación nacional a fin de garantizar que se permite el aborto al menos cuando el embarazo entraña peligro para la vida o un grave riesgo para la salud de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de violación, agresión sexual o incesto.

Abusos contra dominicanos de origen haitiano y migrantes haitianos

La Junta Central Electoral ha negado el acceso a documentos de identidad a centenares de miles de dominicanos de origen haitiano. Debido a ello se niega a estas personas el acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud, así como el derecho al voto y la ciudadanía.

Las autoridades dominicanas continúan llevando a cabo expulsiones masivas de migrantes haitianos a pesar de un llamamiento que hicieron en febrero de 2010 -y reiteraron en junio de 2011- el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que se suspendieran por razones humanitarias todas las devoluciones a Haití, dado el terremoto ocurrido allí en enero de 2010.

La mayoría de estas expulsiones masivas continúan efectuándose en contra de las normas internacionales de derechos humanos y sin que los expulsados tengan medio de recurrir contra la decisión.

El nuevo presidente tendrá que encargarse de garantizar que se respetan y protegen los derechos de todos los dominicanos, incluidos los de origen haitiano, y de los migrantes haitianos.

Desalojos forzosos

Según las ONG locales, entre enero y septiembre de 2011 se efectuaron al menos 100 desalojos forzosos en todo el país. La mayoría de los desalojos se ejecutan sin el debido proceso ni consulta con las comunidades afectadas, con objeto de disponer de suelo para la construcción de infraestructuras, centros turísticos o complejos industriales. En varias ocasiones se ha tenido noticia de la existencia de víctimas, a veces mortales, por disparos de las fuerzas armadas durante el desalojo.

El nuevo presidente tendrá que garantizar que sólo se llevan a cabo desalojos en circunstancias excepcionales y tras una consulta genuina con las comunidades afectadas para determinar todas las alternativas viables al desalojo y las opciones de reasentamiento y garantizar a las personas objeto de desalojo forzoso aviso adecuado, alojamiento alternativo adecuado, indemnización y medios de interposición de un recurso efectivo.

Amnistía Internacional ha animado a los candidatos a que respondan por escrito a estas cuestiones, indicando su intención de hacer públicas las respuestas antes del día de las elecciones.

Las elecciones presidenciales de la República Dominicana se celebrarán el 20 de mayo de 2012.