LONDRES. El exjuez español Baltasar Garzón liderará el equipo de defensa que representará a WikiLeaks y a su fundador, Julian Assange, anunció este martes la web especializada en filtraciones.

Assange se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres y ha solicitado asilo político al país latinoamericano, tras perder la batalla legal para evitar una extradición a Suecia para responder a acusaciones de abuso sexual y violación.



Garzón, conocido entre otros casos por dictar la orden internacional de detención del general chileno Augusto Pinochet, se reunió recientemente con Assange en la Embajada ecuatoriana para discutir la nueva estrategia legal, según un comunicado suscrito por ambos.

La nueva estrategia, explica el comunicado, buscará «defender a WikiLeaks y a Julian Assange de la existencia de abusos de proceso y exponer las arbitrariedades, acciones extrajudiciales del sistema financiero internacional» contra el ciberpirata y su plataforma en internet.



Garzón se esforzará asimismo por «demostrar que el proceso secreto en Estados Unidos contra Julian Assange ha comprometido y contaminado cualquier otro proceso legal, incluyendo el de extradición contra Assange», añade el comunicado.

El exmagistrado de la Audiencia nacional española había expresado con anterioridad su preocupación por la falta de garantías y transparencia en la actuación contra Assange.

WikiLeaks y Assange provocaron la ira de Estados Unidos al publicar gran número de informaciones secretas relacionadas con las guerras en Irak y Afganistán.

El fundador de la plataforma teme que si es extraditado a Suecia pueda ser enviado luego a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje, debido a los 250.000 cables diplomáticos estadounidenses que publicó WikiLeaks.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ha estado en frecuente desacuerdo con Washington y ofreció asilo a Assange en 2010, dijo que su país se tomaría el tiempo necesario para estudiar la solicitud.

Garzón fue condenado en febrero a once años de inhabilitación como magistrado por el tribunal Supremo español por haber autorizado la escucha de conversaciones entre abogados de la defensa y sus clientes, en el marco del llamado caso Gurtel de corrupción política.

El exmagistrado dijo que recurriría la decisión ante el Tribunal Constitucional español.

En 2008, Garzón declaró formalmente que el régimen franquista había cometido crímenes de lesa humanidad y ordenó la exhumación de 19 tumbas anónimas.