La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó con modificaciones, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de Regulación Salarial del Estado, que excluye al Congreso.

La iniciativa, ampliamente debatida, fue sancionada con 193 votos a favor, 2 en contra y 10 no votaron. Ahora la pieza volverá al Senado.



Entre las enmiendas que favorecen a los legisladores está que los diputados quedarían fuera, como establece el artículo 26, en la prohibición para la concesión de beneficios e incentivos por gestiones administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia.

Para tales fines los diputados modificaron dicho artículo, agregándole en el último párrafo que el Congreso se regirá por su reglamento interno.



Esta fue introducida ante el pleno por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y los voceros de los partidos Revolucionario Dominicano Ruddy González; de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez, y del Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao.

El artículo 26 sobre la “Prohibición de beneficios por gestión”, en lo adelante dirá: “Queda prohibido la concesión de beneficios e incentivos a todo funcionario o empleado público sujeto al ámbito de aplicación de esta ley, por resultados de gestiones administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia.

El Congreso se regirá por su reglamento interno”.

Con esta medida los diputados buscan seguir cobrando las dietas por asistir a las sesiones y comisiones.

El BC también quedó fuera

Esta ley también deja fuera al Banco Central, cuya escala salarial será revisada después del segundo año de promulgación de la ley.

Esta Ley establece como salario tope para el Presidente de la República RD$450 mil; para el Vice, RD$400 mil, al igual que los titulares del Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional RD$400 mil; el Tribunal Superior Electoral RD$375 mil; la Cámara de Cuentas RD$350 mil; los ministros, el Procurador General de la República, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Contralor General RD$300 mil y el Defensor del Pueblo RD$250 mil.

Asimismo, limita el uso de tarjetas de crédito con cargo al Estado, al Presidente y Vicepresidente de la República, los titulares de las Cámaras legislativas, el de la Suprema Corte de Justicia y los de entes y órganos de origen constitucional.

En los debates el diputado Juan Hubieres planteó que esa ley es una injusticia al no tomar en cuenta el salario mínimo.

Minou Tavárez Mirabal respaldó la pieza y advirtió: “Somos consciente de que estamos cometiendo errores que pueden costar muy caro”.

De su lado, el diputado Víctor Bisonó felicitó a los autores del proyecto, pero se preguntó si será igual al proyecto de la Carrera Administrativa.

Por Degnis de León para el periódico El Día