Santo Domingo. El pasado viernes el Consejo Directivo del INDOTEL mediante Resolución No.149-12 revocó los ordinales 4to y 5to de la Resolución No.113-12, al determinar que Orange actuó correctamente con los usuarios y que no incurrió en ninguna violación a los derechos de los consumidores al ofértales los servicios 4G LTE. Sin embargo, el INDOTEL no ha concluido los estudios que le permitan decidir sobre los aspectos técnicos del uso de las frecuencias, por lo que ha mantenido la suspensión de la oferta del servicio 4G LTE.

Según el INDOTEL, Orange actuó de manera transparente y honesta frente a los consumidores, bajo un marco de respeto de las mejores prácticas de la libre y leal competencia en el país, cumpliendo de forma veraz con lo que ofrece a sus clientes. No obstante, la Resolución 149-12, mantiene la prohibición de venta del servicio 4G-LTE, privando a los dominicanos de tener un servicio con tecnología de punta, que a la fecha solo Orange ha lanzado en el país, y que nos hubiera convertido en el quinto país de Latinoamérica con este novedoso servicio.



Este último aspecto de la decisión del INDOTEL llama la atención, ya que han pasado meses desde que la primera resolución fue tomada por el anterior Consejo Directivo, el 15 de Agosto pasado, y aún a la fecha los técnicos del regulador no han concluido los análisis técnicos sobre el uso de frecuencias, cuyo derecho de uso Orange adquirió legalmente en el año 2004, que ha venido usando ininterrumpidamente desde esa época, y por las que paga cada año los derechos de uso correspondiente al INDOTEL.

Orange ratifica que es una empresa que desde su llegada al país se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología y comprometida con sus clientes, por lo que agradece la confianza y el apoyo que ha recibido a lo largo de este proceso de sus empleados, clientes y relacionados.



Orange Dominicana informa mediante un comunicado de prensa enviado seguirá luchando por una competencia leal y efectiva en el mercado de las telecomunicaciones de República Dominicana, y recurrirá por las vías que le acuerda la ley esta nueva resolución, para preservar sus derechos continuar operando en el país bajo un clima de seguridad jurídica que garantice su inversión en el país.