Santo Domingo. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) se opuso a la aplicación de un nuevo aumento de RD$20 mensuales a los servicios telefónicos para financiar un Sistema Nacional de Emergencia 911, como lo establece un anteproyecto de ley que se debate en el Congreso.
En un comunicado de prensa, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Carlos Amarante Baret, advirtió que estas nuevas tasas, «van en detrimento del sector de las telecomunicaciones en el país».
Recordó que ya los usuarios de servicios de telecomunicaciones pagan un impuesto global mensual de 30 por ciento, del cual el 18 por ciento corresponde al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS); 10 por ciento a Impuestos sobre la Renta (ISR) y el 2 por ciento al Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).
El presidente del Indotel consideró que el sector no puede ser afectado por una nueva carga impositiva y favoreció, en cambio, que antes de establecer un nuevo gravamen, el Estado realice «el correspondiente estudio de costos» que determine la inversión que conlleva implementar el referido Sistema de Emergencia 911.
«Entendemos que el Estado debe cubrir en su totalidad los gastos de implementación, ya que es contraproducente la aplicación de nuevas medidas impositivas», enfatizó Amarante Baret, quien entiende «necesario realizar previamente un estudio de costos que determine el coste del Sistema desde el inicio de su ejecución».
Amarante Baret llamó la atención sobre aspectos técnicos y operativos del Sistema Nacional de Emergencia 911, al tiempo que planteó como «necesario» analizar, dada la complejidad del proyecto, el redireccionamiento de las llamadas e interconexión, identificación de llamadas desde celulares, garantía de rapidez en la respuesta incluyendo policías y ambulancias, número de empleados y características, inclusión de proveedores de servicios privados de ambulancias, helicópteros, entre otros factores.
El funcionario también se refirió a los efectos que tendría para los usuarios de servicios telefónicos un nuevo gravamen al sector.
Asimismo, consideró que se debe ponderar el alto costo de operación que tiene la implementación del Sistema de Emergencia, por lo que subrayó que el Estado debe evaluar lo que representaría el costo de los minutos entrantes a la plataforma, los cuales tendrían que ser costeados por el Gobierno, a menos que las proveedoras de servicios de telefonías exoneren este costo.
