Los desalojos forzosos en Haití empeoran la grave situación de las personas sin hogar tras el terremoto

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Los desalojos forzosos están empeorando en Haití la ya desesperada situación de los millares de personas que siguen viviendo en campamentos para desplazados más de tres años después del devastador terremoto de enero de 2010, ha explicado Amnistía Internacional con motivo de la presentación del informe ‘Nowhere to go’: Forced evictions in Haiti’s camps for displaced people.

“Los llamamientos que han hecho Amnistía Internacional y otras ONG para que se detengan los desalojos forzosos no se han atendido: el gobierno haitiano no sólo no ha puesto fin a los desalojos, sino que incluso ha permitido que aumenten desde comienzos de este año”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

Casi un millar de familias han sido desalojadas a la fuerza de su hogares entre enero y marzo de este año, lo que supone un giro radical con respecto a 2012, cuando descendió el número de desalojos forzosos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Estas 977 nuevas familias se suman a las al menos 60.978 personas que fueron desalojadas a la fuerza entre julio de 2010 y el final de 2012. Muchos de estos desalojos forzosos han sido llevados a cabo o aprobados por las autoridades.

“Los desalojos forzosos amenazan a casi la cuarta parte de las más de 320.000 personas que siguen viviendo en campamentos más de tres años después del terremoto”, ha señalado Zúñiga.

“Estamos ante una situación de violaciones continuas de derechos humanos, que causan gran sufrimiento. Quienes más han padecido los efectos del terremoto han sido las personas que vivían en condiciones de extrema pobreza. Residen en campamentos, donde soportan terribles condiciones de vida y, por si esto fuera poco, corren el riesgo de sufrir desalojos forzosos y, a la larga, de quedarse una vez más de sin hogar. Cada vez les cuesta más encontrar un lugar nuevo donde rehacer su vida y medios para ello.”

Es la situación en que viven personas como Cléane Etienne, a quien la policía desalojó a la fuerza en enero del campamento de Fanm Koperatif, en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Perdió no sólo su refugio, sino también todas sus pertenencias, incluido el material que necesitaba para llevar un pequeño negocio.

Suze Mondesir, quien residía también en el campamento de Fanm Koperatif, cuenta así la terrible experiencia que vivió su familia: “Alrededor de las diez de la mañana llegaron al campamento un grupo de agentes de policía acompañados de hombres armados con machetes y cuchillos. Nos insultaron y comenzaron a derribar nuestras tiendas. Los hombres nos zarandearon, y la policía nos intimidó con sus armas para que no hiciéramos nada.”

Este tipo de testimonios recogidos en el informe muestran que los desalojos forzosos van a menudo acompañados de intimidación, hostigamiento y violencia sistemáticos. En la mayoría de los casos, los refugios provisionales y las pertenencias de las personas desalojadas quedan totalmente destruidos.

No obstante, los desalojos forzosos son sólo uno de los aspectos del problema existente en Haití en relación con el derecho a una vivienda adecuada.

Las condiciones de vida en los campamentos de desplazados se han ido degradando constantemente. Debido a la falta de acceso a servicios como agua, saneamiento y recogida de basuras, los residentes están expuestos contraer enfermedades infecciosas. La ausencia de seguridad hace que teman constantemente por su vida, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas, muchas de las cuales han sido víctimas de violencia sexual.

La vivienda era un problema crónico en Haití incluso antes del terremoto, cuando las organizaciones internacionales calculaban que había un déficit de 700.000 casas, siendo la población de Haití de poco más de 10 millones de habitantes.

Consciente de que es preciso abordar de manera exhaustiva esta situación, el gobierno haitiano está elaborando en la actualidad la primera política del país en materia de vivienda.

“Acogemos con satisfacción que el gobierno vaya a proponer por primera vez una estrategia nacional de desarrollo del sector de la vivienda y esperamos que en la nueva versión de la propuesta se rectifiquen algunos aspectos de la anterior a fin de garantizar que esta política permite hacer efectivo en Haití el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas”, ha afirmado Zúñiga.

“La enorme labor de recuperación del terremoto que se está realizando en Haití es una oportunidad de abordar el problema de la vivienda. Sin embargo, para ello las autoridades deben situar los derechos humanos en la base de sus planes de reconstrucción.”

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