SïDNEY.Las víctimas de abusos sexuales a menores por parte del clero católico en Australia pidieron este martes la dimisión del cardenal George Pell, arzobispo de Sídney.

Pell concurrió el lunes a declarar en una investigación del Estado de Victoria sobre los abusos sexuales a menores y negó haber encubierto casos de pedofilia, pero admitió encubrimientos llevados a cabo por un predecesor. «Realmente lo siento», aseguró.



El prelado explicó que él nunca ocultó ninguna acusación y que se encargó de que se pusieran en marcha los procedimientos para hacer frente a los casos de abusos sexuales.

«Estoy plenamente comprometido a mejorar la situación. Sé que el Santo Padre también lo está», dijo Pell, uno de los ocho cardenales seleccionados por el papa Francisco para ayudar a reformar la curia.



Pero muchos entre el público que acudió a la audiencia permanecieron impasibles ante la declaración de Pell, exarzobispo de la Melbourne, la capital del estado de Victoria.

«La poca atención que mostró a las víctimas muestra que siguen sin entender», dijo Stephen Woods, que sufrió los abusos de un sacerdote pedófilo. «Tiene que dimitir. Su tiempo se acabó», agregó.

Pell había afirmado el lunes que el miedo al escándalo llevó a la Iglesia católica de Australia a cubrir las acusaciones de pedofilia desde los años 1930.

«La primera motivación fue proteger la reputación de la Iglesia», declaró Pell.

El gobierno del Estado de Victoria (sur) lanzó una investigación sobre los abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas o privadas contra niños. La Iglesia reconoció en 2012 que al menos 620 niños fueron víctimas, solamente en este Estado, de abusos por parte de sacerdotes desde los años 1930.

La semana pasada, el arzobispo de Melbourne, Denis Hart, admitió que la Iglesia había tardado demasiado en reaccionar ante las acusaciones de abusos sexuales.

El Estado de Nueva Gales del Sur (sur), cuya jerarquía católica también está acusada de encubrimiento, lanzó su propia investigación.

A nivel nacional, una investigación se inició en abril con la audición de 5.000 presuntas víctimas de agresiones en hospicios, escuelas, iglesias, asociaciones deportivas o centros de detención para menores.

AFP