El Gobierno venezolano quiere obligar a las madres a amamantar

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El amor filial es un asunto de Estado en Venezuela y pasará a estar legislado si la Asamblea Nacional aprueba la reforma de la Ley de Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, proyecto que empezará a discutir el próximo martes en el pleno.

Según la diputada Odalys Monzón, representante del Estado de Vargas (al norte del país) por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el lazo que se establece entre la madre y el recién nacido en el acto de amamantar está en riesgo por culpa de las “trasnacionales que venden esas fórmulas [lácteas]”. Por ello, aseguró la también vicepresidente de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, desde el Parlamento se habría propuesto la redacción de un instrumento que garantice “que todo niño tenga derecho a la lactancia” hasta el extremo de prohibir el uso de “teteros y biberones”, según dijo en entrevista con el principal canal del Gobierno.

Los anuncios de la diputada, difundidos el pasado jueves, sembraron sorna y desazón en la opinión pública venezolana. Sectores feministas criticaron lo que han percibido como una caricaturización de sentidas reivindicaciones de la igualdad de género. Pero tal parece que no había que tomárselo tan a pecho. Según trascendió, el proyecto de reforma, que modifica al menos 18 de los 33 artículos de la ley actual e incluye severas sanciones, no contempla –al menos, no antes de su próxima discusión en el hemiciclo, luego de quedar listo en la Comisión respectiva— el veto al biberón.

No obstante, algunos de sus artículos declaran la guerra a las fórmulas lácteas y al biberón, como si del cigarrillo se tratara. Se castiga la promoción publicitaria de esos complementos y su administración, en centros de salud públicos y privados, a niños menores de seis meses, “salvo indicación médica”. También se prohíbe la prescripción de suero glucosado a neonatos.

“Lo más importante es el amor, que a veces se pierde porque no le dan ese calor que implica amamantar al bebé”, continuó Monzón. Pero el tema detrás de este proyecto de ley, aseguró la diputada, no es solo la protección del nexo entre madres e hijos. Se trataría, además, de una cuestión de “soberanía alimentaria”, un lema propio de la revolución bolivariana que por estos días se encuentra muy en entredicho, ante el desabastecimiento de productos de primera necesidad en abastos y supermercados, la carestía, y las importaciones masivas que el Gobierno venezolano está obligado a hacer para paliar la situación.

Monzón es una de las diputadas más camorreras de la fracción oficialista en la Asamblea Nacional. Antes de estas declaraciones, que la pusieron al tope de los comentarios en las redes sociales, ya había alcanzado una cierta notoriedad como protagonista de la gresca que el pasado 30 de abril ocurrió en la sede del parlamentario, que se saldó con 11 congresistas lesionados y un receso de casi tres semanas de las sesiones legislativas. Monzón fue señalada entonces por distintos testimonios como la agresora de la diputada opositora María Corina Machado, quien sufrió de fractura en el tabique nasal y debió someterse a una intervención quirúrgica.

Otras voces se sumaron a la defensa del proyecto desde la Comisión de Familia. Su presidenta, la también oficialista María León —ex ministra del gabinete de Hugo Chávez— precisó que la ley busca “concienciar al pueblo, a las madres venezolanas y al mundo, para que conozcan la importancia que tiene el suministro de leche materna a niños y niñas, desde su nacimiento, hasta los dos años de edad”.

El texto que será sometido desde el martes a la consideración de la Asamblea Nacional, con amplia mayoría del partido de gobierno, prevé también que empresas e instituciones incluyan en sus horarios de trabajo turnos para que las madres den de mamar a sus bebés, y acondicionen espacios para tal fin. Además, forzará la creación de bancos de leche materna.

Para los hospitales y médicos que desatiendan sus estipulaciones, la reforma impondrá multas que llegan hasta a 50.000 dólares (al cambio oficial) y la suspensión del ejercicio profesional por 120 días.

Fuente Internacional.elpais.com

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