Barahona. El aumento de las condenas a los menores infractores de la ley, no resuelven el problema, si no existe una política de Estado, que ofrezca una buena educación a los niños y adolescentes. La opinión fue externada anoche por el ex procurador fiscal de este distrito judicial, docto Edgar Augusto Féliz Méndez quien dijo que a pesar de la elevación de las penas continúan los hechos delictivos por parte de los menores.

“No basta, ni resuelve el problema, que agravemos las penas contra los menores que delinquen, si esto no va a acompañado de una política de Estado con una menor política de educación para los niños, para los adolescentes”, precisó.



El doctor Féliz Méndez recordó que en otras naciones donde existe la pena de muerte, hay una mayor delincuencia y criminalidad que en la Republica Dominicana.

“Yo entiendo, que el Gobierno, y los demás poderes del Estado, como el Congreso Nacional y el Poder Judicial, tienen que implementar políticas que vayan desde la protección de la niñez hasta las sanciones penales cuando se cometa un delito o crimen”, expuso.



Expresó que elevar a diferentes penas a los menores que ejecuten crímenes no se está resolviendo nada, “ya que cuando ese menor salga de la cárcel, va a salir un monstruo, que cuando va en la calle es un delincuente más grande”.

“Aquí lo que hay es que implementar planes de educación y protección de la niñez, que caminan las calles sin ninguna protección, y que mañana pueden convertirse en potenciales delincuentes por la falta de protección que viene desde la misma familia, muchas veces desamparadas, muy pobres y pocos recursos”, puntualizó.

La Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley 136-06 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que aumentarán las penas de uno a ocho años a los infractores de la ley con edades entre 16 y 18 años.Los senadores desecharon los cambios introducidos por los diputados al artículo 340, la Ley No.136-03, que aumentaban las penas de uno a diez años para infractores adolescentes entre 13 y 15 años y de uno a 15 años para los infractores entre 16 y 18 años.

Fuente El Nacional