Ecuador
QUITO. Su atracción por las mujeres le valió el peor de los castigos. Denisse fue violada y torturada en uno de los centros que ofrecía curar la homosexualidad cuya existencia fue tolerada por mucho tiempo en Ecuador.

El caso de esta mujer de 25 años, que a los 15 fue internada por su madre en un campamento evangélico de rehabilitación contra las drogas y el alcoholismo, en la ciudad de Guayaquil, ilustra lo que las autoridades admiten como una vergüenza social: el funcionamiento por años de supuestas clínicas para curar a los homosexuales.



«Mi mamá me descubrió en mi cuarto con una compañera de colegio, y me internó por ser lesbiana. Se suponía que quería curarme. Fui llevada a un campamento cristiano» en una zona alejada de Guayaquil (suroeste), la más populosa de Ecuador, cuenta Denisse Freire en una entrevista con la AFP.

Ahí -relata- «aplicaban torturas con electrochoques, no me permitían bañarme por tres días, casi no me daban de comer, me golpeaban mucho, me colgaban de los pies. Me decían que todo era por mi bien».



Denisse recuerda que junto con ella había otras cuatro jóvenes. El lugar funcionaba como un centro de rehabilitación de adicciones, pero «en realidad nos habían llevado para curarnos del lesbianismo».

La terapia del castigo

El procedimiento incluía ultrajes sexuales, privación de comida o el consumo de alimentos descompuestos. Tras dos meses de internación forzosa, logró escaparse. «No, no denuncié nada porque la responsable era mi mamá. Me dijo que lo único que quería era que yo cambiara, y no que pasara por todo eso», afirma Denisse.

Lejos de ser una situación aislada, las autoridades reconocen que es un problema de amplio alcance que incluso involucra a funcionarios del Estado, como el reciente caso de una responsable del ministerio de Salud denunciada penalmente tras descubrirse que era dueña de una clínica clandestina que ofrecía terapias contra la homosexualidad.

«Estos no son casos aislados, estamos hablando aquí de una mafia, de una red que opera a nivel nacional en cada una de las provincias, en las que se están violentando los derechos humanos», señaló la ministra de Salud, Carina Vance, en un encuentro con la prensa extranjera.

En Ecuador, un país con 15,8 millones de habitantes, operan unos 200 centros de rehabilitación de las drogas y el alcohol, de ellos 120 cuentan con licencia, es decir, que unos 80 establecimientos son ilegales, según Vance.

En esas clínicas clandestinas, que por mucho tiempo fueron toleradas socialmente y que recién son blanco de persecución de las autoridades, murieron dos personas el año pasado que ingresaron para recibir tratamientos contra adicciones.

Además, «tenemos denuncias de agresiones físicas, del uso de agua helada con personas internadas, medicamentos para doparlas (…) Tenemos el caso de mujeres lesbianas que han denunciado lo que en esas clínicas llaman la terapia sexual, que consiste en violación por parte de un hombre», señala la ministra, quien reconoce abiertamente su homosexualidad.

Desde marzo de 2012 han sido clausurados 18 centros de rehabilitación de adicciones, 15 de ellos por violaciones de derechos humanos y tres por infracciones a normas sanitarias, según la cartera de Salud.

El verdugo en casa

A comienzos de junio Zulema Constante, una estudiante de sicología de 22 años, abandonó una clínica terapéutica, en la ciudad de Tena (este), a la que había sido llevada a la fuerza por su familia con la idea de que allí podría ser curada de su homosexualidad.

Fue esposada e inmovilizada con una camisa de fuerza. «Tenía que rezar, me daban comida en mal estado, limpiaba excusados con las manos y me decían que estaba mal ser lesbiana», dijo a la prensa.

Zulema fue dada como desaparecida, y su novia Cinthya Rodríguez inició entonces una campaña a través de la redes sociales para denunciar el caso. La presión permitió que fuera dejada en libertad luego de permanecer tres semanas en ese lugar, que era propiedad de una funcionaria del área de Salud.

Sin embargo, muchas de las denuncias no prosperan. «Saben por qué», se pregunta Lía Burbano, del Movimiento Lésbico Mujer y Mujer, y responde: «porque quien te ha retenido a la fuerza es tu familia y pesa mucho el tema afectivo (…) Esto no es una lucha entre padres e hijos; es una lucha contra esas clínicas».

La ley ecuatoriana autoriza la internación forzosa de adictos problemáticos con la previa autorización de un juez, y en ningún caso otorga permisos para curar la homosexualidad, enfatiza Vance.