NUEVA YORK. El gobierno estadounidense reclamó ayer cambios en las prácticas comerciales de Apple sobre los contenidos digitales, tras la condena del gigante informático por conspiración con algunas editoriales para elevar el precio de los libros electrónicos.
Apple fue hallado culpable en julio de orquestar un cartel ilegal con cinco grandes editoriales para elevar el precio de los libros electrónicos en Estados Unidos, antes de lanzar al mercado su tableta iPad en 2010. La sentencia aún no fue determinada y la primera audiencia sobre el tema está prevista para el 9 de agosto.
Los reclamos del departamento de Justicia (DoJ), comunicados el viernes a la jueza Denise Cote, van más allá del contenido de los libros electrónicos y por lo tanto potencialmente podrían afectar a la tienda online de música y video de Apple, iTunes.
Apple, en tanto, denunció en otro documento enviado el viernes a la justicia «una intrusión draconiana y punitiva en sus operaciones», que consideró «desproporcionada» con relación a los hechos reprochados. Las medidas propuestas «potencialmente afectan las relaciones de Apple con miles de socios en varios mercados», denunció el grupo informático.
El DoJ quiere prohibir al grupo «celebrar acuerdos con proveedores de libros electrónicos, música, películas, programas de televisión u otros contenidos» si son «susceptibles de aumentar el precio al que los competidores de Apple pueden vender» esos mismos contenidos.
Apple, famosa hasta ahora por mantener sus actividades en reserva, también deberá someterse a la vigilancia de un experto independiente. Este último haría los informes trimestrales a las autoridades y la justicia, y podría interrogar a «cualquier empleado de Apple» y acceder a «cualquier documento».
Abrir el ecosistema de Apple
«Desde el punto de vista financiero, esto puede debilitar un poco a Apple», consideró Robert Enderle, un experto en el sector de la tecnología. «Apple tiene un ecosistema muy cerrado, que es en parte cómo gana su dinero. Si abre los ecosistemas, será más difícil para Apple hacer dinero».
Para él, sin embargo, «lo importante es que ellos no pueden fijar los precios» de los libros electrónicos.
Sobre esto último, el DoJ reclama la cancelación de los contratos con las editoriales que le valieron al grupo la condena (Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin y Simon and Schuster) y una prohibición de cinco años de firmar nuevos contratos que obstaculicen la competencia de precios.
El DoJ también quiere que Apple incluya enlaces de otros minoristas de libros electrónicos en su propia tienda online de aplicaciones para la tableta iPad o el teléfono inteligente iPhone, argumentando que esto permitiría a los consumidores comparar más fácilmente los precios.
La propuesta del DoJ esencialmente supone que Apple «renuncie al negocio de los libros electrónicos», dijo Van Baker, analista de Gartner.
El DoJ sostiene por su parte que sus exigencias no son «demasiado duras», sino que permiten «detener las conductas contrarias a la competencia de Apple, restaurar la competencia perdida y prevenir violaciones» similares en el futuro.
La última palabra la tendrá la jueza Cote, que puede modificar las propuestas del DoJ. Apple sigue diciendo que «no viola la legislación sobre la competencia». Por lo tanto, considera que no es necesaria ninguna medida que limite su actividad.
El grupo anunció en el juicio que apelará. Incluso si el gobierno no reclama, la condena le podría acarrear sanciones económicas, en el marco de potenciales recursos colectivos de los consumidores.
AFP
