Max Puig: “El Gobierno no recibirá ingresos de la renegociación con la Barrick Gold”

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Santo Domingo. “La caída de los precios del oro en el mercado mundial ha hecho zozobrar varias veces la confección del contrato final entre el gobierno del presidente Danilo Medina y la minera Barrick Gold”, afirmó Max Puig, quien era ministro de Trabajo en momentos en que el entonces presidente, Leonel Fernández, firmó el contrato renegociado por la administración de Medina en los términos anunciados el pasado 8 de mayo.

Al conceder una entrevista al periódico digital 7dias.com.do para hablar del tema, Puig, quien también ocupara el cargo de ministro de Medio Ambiente (2004-2007), asegura que el gobierno de Medina no recibirá los ingresos previstos en el acuerdo preliminar, a la que vez decodifica el trance en que se encuentran las conversaciones y se atreve a prever la posibilidad de que la multinacional suspenda las operaciones de Pueblo Viejo. “El gobierno pecó de inocente”, expresa el sociólogo dejando en el hueco de sus palabras el nuevo gol que la Barrick asestó al país.

¿Qué opinión le merece la dilación del Poder Ejecutivo en enviar al Congreso las modificaciones previstas al contrato entre el Estado y la Barrick Gold?

Es patente que la dilación del gobierno del presidente Medina de enviar al Congreso Nacional el contrato con Barrick Gold con las modificaciones anunciadas en el acuerdo del 8 de mayo, se debe a dificultades que amenazan con disolver este pacto preliminar como azúcar en el agua.

Después de que se anunciara como un gran logro, el acuerdo entre el gobierno dominicano y la minera sufrió un grave revés. El precio del oro ha caído en varias y sucesivas ocasiones a alrededor de 1,200 dólares la onza y los pronósticos indican que podría caer hasta 900 dólares la onza o menos.

Las bondades del acuerdo dependían de un precio de referencia de 1,600 dólares la onza de oro, lo que ya en el momento del anuncio apareció como un nivel muy elevado para los conocedores del mercado y cuando la propia empresa había fijado internamente en 1,200 dólares la onza como la perspectiva más realista del precio del metal. Lo grave del caso es que la tendencia a la baja es persistente y en su caída todo parece indicar que el precio anda buscando su promedio histórico, equivalente a la actual depreciación de la moneda estadounidense, que es de alrededor de los 900 dólares la onza.

¿Cómo podría impactar la tendencia a la baja de los precios del oro los beneficios del Estado acordados entre las autoridades y los directivos de la transnacional?

Esta tendencia volatiliza los beneficios que el Estado dominicano debería recibir según el acuerdo del 8 de mayo. En el contexto actual es absolutamente imposible que reciba, al menos este año, los ingresos que se anunciaron. Como mucho, el Estado recibiría la tercera parte de los ingresos previsto en el acuerdo preliminar.

Todavía peor, si el precio del oro llegara a 900 dólares la onza, el Estado no recibiría más que el 3.2 % establecido como regalía en la enmienda del contrato aprobado por el Congreso en noviembre del 2009. O, tal vez, nada.

Si el precio del oro llegara a este nivel tan bajo, no se puede descartar que Barrick Gold deje de producir en Pueblo Viejo hasta que el precio se recupere por encima de los 1,000 dólares la onza, porque considerando los costos estimados por la empresa, entre 400 y 600 dólares la onza, más la carga de los empréstitos y el alza de los combustibles, es clara la reducción de la rentabilidad de sus explotaciones.

¿En una situación como esa que puede esperar el país?

Es probable que Barrick pretenda rehusar mantener los beneficios al Estado consignados el 8 de mayo, especialmente la cláusula que garantiza la proporción de lo acordado para el Estado aún en caso de quiebra. A mi juicio, este es el beneficio más importante del acuerdo preliminar.

En realidad, el tiempo que ha transcurrido desde que se anunciara el acuerdo es una tregua que se han dado las partes para esperar que el precio se estabilice en un nivel que permita retomar los acuerdos establecidos, así fuere con algunas modificaciones.

Tengo entendido que durante los últimos meses las partes han llegado a un acuerdo en varias ocasiones, pero inmediatamente después de hacerlo una nueva caída del precio del metal lo ha hecho zozobrar.

¿Pero en el momento de la renegociación, en la que participaron mentes lúcidas, no se tomó en cuenta la proyección del mercado mundial?

Esta es una situación inesperada para las autoridades dominicanas, pero no así para Barrick Gold. Se puede decir que el gobierno dominicano pecó de inocente. En todo caso, el escenario coloca a la economía dominicana en un trance difícil porque se contaba con los ingresos del oro para mejorar al menos la balanzas de pago y comercial y obtener financiamiento para la inversión pública.

¿Qué tipo de acuerdo entonces, si es posible preverlo, enviará el Ejecutivo al Congreso?

Según informaciones la Barrick ha considerado la posibilidad de reducir costos para lo cual habría estado estudiando instalar una refinería de oro y plata en el país con la finalidad de exportar en vez de doré lingotes de oro y de plata. También estaría considerando introducir mejoras a la actual planta de procesamiento para hacerla más eficiente.

La gran dificultad de esta opción es que la misma tiene un costo estimado no menor de 1,000 millones de dólares, lo que hace probable que Barrick haya considerado, si no es que ya lo ha planteado en la mesa de negociación, que el Estado dominicano participe como socio de esta refinería. Esta “salida”, que tiene aspectos positivos, agravaría el endeudamiento del país y habría que examinar con mucho cuidado los términos de esta sociedad para que el gobierno no sea de nuevo sorprendido por la minera, poniendo en riesgo la riqueza de nuestro subsuelo.

Desde ahora, y más después que se haya cumplido el plazo de los 120 días que establecieron las autoridades para enviar al Congreso el nuevo contrato, la ciudadanía debe demandar una explicación clara y detallada de lo que ha pasado con el acuerdo anunciado el 8 de mayo. Se debe exigir que cualquier nuevo acuerdo que se establezca con esta empresa se presente al debate nacional y no como un hecho cumplido e irreversible.

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