Santo Domingo. El 55 por ciento de los hijos de extranjeros inscritos en el Registro Civil dominicano desde 1929 no se ve afectado por la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional local que regula la presencia foránea en el país, y niega la nacionalidad a los indocumentados y a sus descendientes.

junta central electoral



La sentencia, que provocó encendidos debates y críticas locales e internacionales, ordena a la Junta Central Electoral realizar una auditoría de los libros de registros de nacimientos desde el año 1929.

En este sentido, el presidente de la Junta Central Electoral dominicana, Roberto Rosario, garantizó  que si las personas que se encuentran inscritas en una situación irregular «demuestran arraigo en la República, haber nacido en el país y no haber violado las leyes, sus documentos serán regularizados y podrán ejercer plenos derechos».



Esta situación afecta al 45 por ciento de los inscritos en el Registro Civil dominicano, según quedó reflejado hoy en la presentación del impacto de la sentencia respecto de las personas inscritas en el Registro Civil, regular o irregularmente.

Rosario también indicó que no será necesario un año para realizar la auditoría definitiva a la que obliga la sentencia.

En la República Dominicana hay 53.847 hijos de padres extranjeros, de un total de 117 nacionalidades, de los cuales 24.392 fueron inscritos de forma irregular, según el inventario realizado por la Junta Central Electoral (JCE) y presentado hoy.

Frente a estos 24.392, un total de 29.455 fueron declarados de manera regular, lo que representa el 55 por ciento de los registros.

Según el análisis de los libros de registro, de los hijos de extranjeros que fueron inscritos de manera irregular, más de 13.000 son hijos de haitianos no residentes.

El presidente de la JCE, sin embargo, subrayó el hecho de que los registros de nacionales extranjeros no residentes haitianos no se corresponden con el volumen de su población inmigrante en el país por la «ausencia de una cultura registral» en el vecino país.

Asimismo, apuntó que con estas estadísticas «se derrumban muchos mitos y muchas informaciones que no se correspondían con la verdad y creo que ahora que tenemos un tamaño real respecto a la situación que representan los extranjeros registrados en la República Dominicana de forma regular e irregular, tenemos la oportunidad de ayudar a esas personas».

Rosario señaló que para el inventario se revisaron 30 libros por día persona -hasta sumar 55.542- con jornadas de trabajo de ocho horas y que supuso 2.000 días de labor para una sola persona.

En total, más de 250 técnicos trabajaron en el proceso, algunos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados, dijo Rosario.

En función de la nacionalidad, los diez principales grupos de extranjeros inscritos son: haitianos (36.326), estadounidenses (2.508), españoles (2.002), ingleses (1.311), chinos (1.196), puertorriqueños (887), holandeses (501), cubanos (404), franceses (384) y japoneses (374).

El análisis del inventario, según Rosario, fue entregado al Consejo Nacional de Migración, organismo que solicitó a la Junta Central Electoral dicho estudio con un plazo de 30 días.

Por otro lado, la sentencia emitida a finales de septiembre por el Tribunal Constitucional dominicano también exige al Consejo Nacional de Migración a elaborar, en un plazo de 90 días, un plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país.

La sentencia ha supuesto una controversia nacional con repercusiones internacionales, debido a la ofensiva diplomática que sostienen República Dominicana y Haití, defendiendo y rechazando la medida.

El coordinador residente del Sistema de la ONU y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), José Lorenzo Jiménez de Luis, señaló que el próximo martes entregará al Gobierno dominicano una propuesta acerca del plan de regularización de los extranjeros para aportar soluciones al problema.

Dicho plan, indicó, contemplará el respeto a la soberanía, a las leyes dominicanas y a los principios del derecho internacional, así como el respeto a las expectativas de los ciudadanos que se ven afectados por el fallo.

Además, recordó que el Ejecutivo dominicano ha solicitado su colaboración y que su propuesta no es vinculante

Los detractores de la sentencia del Tribunal Constitucional afirman que esta supuestamente despoja a más de 200.000 haitianos de la nacionalidad dominicana, mientras que el más reciente censo sobre la población haitiana en República Dominicana, establece que unos 450.000 están radicados en este país.