MÉXICO – Adriana Manzanares, indígena mazatleca del sureño estado de Guerrero, vive hoy su primer día en libertad tras formar parte de un problema que el país no logra resolver: Tener en prisión a 857 mujeres acusadas de aborto y delitos derivados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el pasado miércoles que la mujer de 27 años fue condenada a 22 años de prisión en 1997 aún cuando no había “suficiencia probatoria” y, por tanto, ordenó “su inmediata liberación”.
La realidad es que fueron los parientes de Adriana (padre, tío y hermano) quienes la acusaron de “homicidio en grado de parentesco” porque así alcanzaría 35 años de prisión, en lugar de cinco años por el delito de aborto que ella argumentó sin ayuda de un traductor ante el ministerio público.
“Querían darle una lección porque era mujer, indígena e infiel”, detalla Verónica Cruz, de la organización Las Libres, un centro de defensoría de mujeres presas por el delito de aborto y que lleva el registro de las más de ochocientas presas por aborto en México.
El marido de Manzanares se encontraba en Estados Unidos cuando ella quedó encinta de un amorío en el pueblo. Cuando el ausente regresó, el abultado vientre hizo inevitable ocultar “la traición”.
Durante un mes, el ofendido la golpeó varias veces en la casa común y posteriormente la llevó con los padres. “Ahí está su hija, así no la quiero”, dijo al progenitor que siguió con las tundas. Por esos días vino el aborto. Ella tenía entre seis y siete meses de gestación.
El estado de Guerrero tiene una de las legislaciones más conservadoras en el tema: No permite la interrupción legal del embarazo ni siquiera cuando la mujer se encuentra en peligro de muerte. Tampoco por malformaciones congénitas. Igual de duros son Guanajuato y Querétaro.
En el resto del país, únicamente en 11 de las 32 entidades autorizan el aborto en casos de “grave daño a la salud” y , sólo en el Distrito Federal se permite por razones voluntarias hasta las 12 semanas de gestación, desde abril de 2007.
En esta entidad se practican, en promedio, 71 interrupciones diarias en clínicas públicas y privadas.
Fuente Eldiariony.com
Todo es cuestion del dinero que se tenga. Los que pueden viajar van a NYC y se practican un aborto. No pueden condenar a nadie por algo hecho en otro pais.