Un velo de misterio rodea la comercialización ilegal de medicamentos falsificados, adulterados o contrabandeados en República Dominicana, que de acuerdo con los informes mueve más de RD$1000 millones al año e involucra los más variados sectores, incluyendo funcionarios de diferentes administraciones gubernamentales.

jarabe remedio medicina



Investigación realizada por Por: Víctor Núñez y Freddy Matos Dominicanoshoy.com

Representantes de entidades ligadas al área (fabricantes, distribuidores, farmacias…), consultados por este Multimedios DominicanosHoy se abstuvieron de opinar abiertamente sobre el negocio ilícito de las medicinas, el cual genera más beneficios que el narcotráfico.



El señor Juan Valerio, propietario de un almacén de distribución de medicinas en Villa Consuelo, al ser consultado sobre el particular dijo que prefería dejar que hablaran del tema los fabricantes de medicina.

Higinio Crisóstomo, dueño de una cadena de Farmacias, no quiso opinar, pese a estar involucrado por mucho tiempo a este negocio.

Leyes y autoridades

Las leyes dominicanas condenan la distribución y venta de medicamentos falsificados con penas de dos a 20 años de cárcel, y en caso de muerte, puede ser hasta de 30 años de reclusión; sin embargo, el país no registra ninguna condena sobre este particular.

A mediados de febrero de este año, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que en el negocio de medicamentos falsificados en el país “hay mafias, carteles y crimen organizado” y aseguró que trabajaría muy duro para ejecutar las sanciones de lugar. Negó que las autoridades hayan actuado con mano débil para enfrentar el problema y aseguró que, por el contrario, había una persona detenida.

La persona a que hace mención el jefe del Ministerio Público dominicano es José Cruz, un suplidor del Programa de Medicinas Esenciales (Promese) y Salud Pública, a quien se le acusa de alterar sus fechas y reetiquetarlos, por lo cual se le dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, caso que un tribunal de la República ha declarado complejo.

Entendidos en la materia consideran que a José Cruz, un excandidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), lo estarían tomando como “chivo expiatorio”, ya que por encima de éste estarían brillando muchos “pejes gordos”.

Pese a la alta gravedad del delito, en la Procuraduría General de la República Dominicana no existe un departamento para trabajar los expedientes de estas falsificaciones, sino que cada fiscalía lo aborda indistintamente, haciendo un reporte de los casos que se presentan ante el Ministerio Público, por lo que muchos se preguntan de qué forma el procurador Domínguez Brito pretende “trabajar muy duro” para detener ese mal en crecimiento en República Dominicana.

Salud Pública

Consultado sobre el particular, el ministro de Salud Pública, doctor Freddy Hidalgo, informó que la institución que dirige está trabajando con los registros sanitarios solicitados por empresas nacionales y extranjeras, tras precisar que al asumir su gestión encontró unos 7 mil casos, que prácticamente estaban varados, de los cuales sólo faltan 1, 300 por trabajar: “Un efectivo control de los registros sanitarios es el principal requisito para regular las ventas de fármacos en el país”, indicó.

En un trabajo previo, este multimedios DominicanosHoy reseñó la petición que hacía a la población el ministro Hidalgo para que se mantenga en alerta, a fin de evitar adquirirlos falsificados y/o adulterados.

Colegio Médico

Preguntado sobre el particular, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Pedro Sing Ureña, lamentó que pese a que las autoridades competentes admiten que sectores poderosos están detrás de este negocio ilegal, no los identifican.

La dificultad, a su juicio, tiene sus raíces en el hecho de que no se retiran del mercado, aún cuando llevan fecha de vencimiento. Recordó que, luego de expirar el tiempo para lo que fue creado, una medicina puede no causar el efecto de sanación para el que fue elaborado y, por el contrario, complicar el estado del paciente, que pudiera culminar en producirle hasta la muerte.

“Tiene que existir una norma y una institución que rija, para lo que está el Ministerio de Salud Pública, el cual debe velar que las farmacias garanticen el retiro de los fármacos ya vencidos”, precisó.

Considera que Salud Pública debe mantener una supervisión permanente, ya que esa institución maneja las fechas de vencimiento.

Citó el caso de Moca, donde operan una serie de empresas que los comercializan sin ningún control de las autoridades, poniendo en riesgo la vida de miles de ciudadanos.

En una serie de comunicados, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Araf), ha señalado que ante la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades sanitarias, el problema ha trascendido las fronteras nacionales y se ventila en cónclaves internacionales.

Recordó que en ocasiones anteriores ha ofrecido su concurso a las autoridades para solucionar el problema de la cantidad contrabandeada, adulterada, vencida y reetiquetada y el grave riesgo que representa para la salud.

Pro Consumidor

La directora del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, aseguró que el mercado dominicano está “inundado” de medicamentos falsificados.

La funcionaria sugirió para enfrentar esa situación que la protección al consumidor sea asumida como política pública del Estado, tal y como lo han hecho Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Expuso que un medicamento no puede funcionar en la recuperación de la salud cuando está falsificado y, por el contrario, podría ser causante de muertes, lo cual constituye un crimen.