Por: Víctor Núñez y Freddy Matos

La millonaria suma de dinero que envuelve en República Dominicana el comercio de las medicinas falsificadas mantiene cerradas las bocas de quienes conocen a profundidad el tema del negocio que involucra a poderosos grupos económicos y autoridades estatales.



Medicamentos falsos

Un equipo de del periódico Digital Dominicanoshoy.com se dirigió en busca de información sobre los referidos productos a la Asociación Nacional de Dueños de Farmacias, Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi), y la Distribuidora Nacional Farmacéutica (Dinafa), donde no fue posible indagar los alcances de esa delicada acción.



Abogados, médicos, farmacéuticos y representantes de este comercio ni siquiera se atreven a prestar sus nombres al momento de ser consultados sobre el creciente mercado en el país.

Según datos obtenidos  las ventas de medicamentos adulterados mueve cada año unos RD$1,000 millones, pero la cifra provoca carcajadas en abogados que han defendido industrias afectadas por la actividad ilícita.

Uno de los conocedores del problema, que pidió no ser identificado, sostuvo que RD$1,000 millones es una cantidad ínfima, y aseguró que ese contrabando sobrepasa los RD$20,000 millones al año.

Para sustentar su tesis, dijo que la Propecia, por ejemplo, medicina indicada para detener la caída y hacer crecer los cabellos en los hombres, es una de las más falsificadas, y la caja de 28 pastillas es vendida en las farmacias dominicanas a RD$5,200.

También se niegan a hablar los médicos, profesionales que pese a conocer el daño que puede provocar a la salud su consumo, se limitan a explicar que ese es asunto muy engorroso por los intereses que implica.

Al preguntárseles sobre el complejo negocio, los galenos manifiestan preocupación por su auge; pero, a pesar de conocer las raíces y los beneficiarios se niegan a opinar por temor a represalias, incluso dentro de su mismo sector.

La falsificación y/o adulteración de Medicina, práctica calificada de crimen de lesa humanidad por organismos internacionales de la salud, al parecer no quita el sueño a las autoridades dominicanas, a juzgar por lo poco diligente que se han mostrado en un estricto control de los fármacos que entran, salen y se distribuyen libremente en el país.

Esa situación afecta, principalmente, a la población de menores ingresos, que frecuentemente “caen en el gancho”, debido a que las medicinas falsas se expenden a precios más bajos.

Recientemente, el semanario católico Camino editorializó el tema, calificándolo como una práctica “perversa y criminal”, que afecta sobre todo enfermedades crónicas de niños y ancianos.

En el editorial titulado “Por dinero”, el órgano de difusión de la Iglesia Católica define como “sucio negocio” dicha práctica y apunta que se está jugando con lo más sagrado que tiene un ser humano: su existencia. El rotativo pregunta cómo es posible que existan personas capaces de construir fortunas en base al dolor de un ser humano, a la vez que llama a las autoridades competentes a hacer frente con responsabilidad.

La Unión de Farmacias ha advertido sobre el uso de medicamentos falsificados en el país, los cuales aseguró suelen elaborarse utilizando aserrín, talco, hasta cemento y pintura.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que estos medicamentos representan aproximadamente un 25% del mercado mundial, pero que su incidencia principal está en los países subdesarrollados. En la República Dominicana se considera que el 10 por ciento de los medicamentos dispensados hoy en día son adulterados.

La proliferación de este mal se inició con los analgésicos y medicamentos contra la tos y la gripe de acuerdo a las estadísticas, y hasta los productos para contrarrestar el cáncer y el HIV están cayendo en esa práctica, según revelan.

Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), consideró que el problema básico está en las personas o laboratorios que importan esos productos, y que el país no produce medicamentos suficientes.

Las leyes dominicanas condenan la distribución y venta de medicamentos falsificados con penas de dos a 20 años de cárcel, y en caso de muerte, puede ser hasta de 30 años de reclusión. Sin embargo, el país no registra ninguna condena sobre el particular.

Pese a la gravedad del delito, en la Procuraduría General de la República Dominicana no existe un departamento para trabajar los expedientes de falsificaciones, sino que cada fiscalía lo aborda indistintamente, haciendo un reporte de los casos que se presentan ante el Ministerio Público, por lo que muchos se preguntan de qué forma el procurador Domínguez Brito pretende “trabajar muy duro” para detener ese mal en crecimiento en República Dominicana.