Santo Domingo. El Gobierno envió hoy al Congreso el proyecto de ley de naturalización que busca dar respuesta a la situación planteada por una sentencia judicial que afecta a los extranjeros ilegales, que beneficiará a sus hijos estén inscritos o no en el registro civil dominicano.

Palacio Nacional



Según el Ejecutivo, la iniciativa, que beneficiará en su mayoría a los hijos de los haitianos indocumentados, permitirá dar una «solución justa» a lo que ha sido «un ciclo de irregularidades».

En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional (TC) decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos, lo que provocó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional y dividió la opinión publica dominicana.



La iniciativa fue entregada hoy por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina; y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien deberá convocar a los legisladores para que la debatan en los próximos días.

En un comunicado, el Gobierno explicó que las personas objeto de este proyecto de ley comparten dos características -haber nacido en el país y ser hijos de extranjeros- y los afectados se han dividido en dos grupos dependiendo de su estatus documental actual.

En un primer grupo, según la presidencia, se encuentran aquellas personas nacidas en la República Dominicana cuyas actas de nacimiento fueron otorgadas por funcionarios públicos irregularmente.

En este conjunto, precisó, están las personas nacidas en la República Dominicana, que siempre han vivido en el país, «que se sienten dominicanos» y que cuentan con un documento oficial emitido por el Estado que les permitió desarrollar su vida «con certezas y expectativas concretas basadas en dicha documentación».

Para ellos, la ley dispone que sus documentos sean regularizados.

En un segundo grupo estarían los hijos de extranjeros que nunca han tenido documentos.

Esta población deberá acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular, actualmente en proceso, para obtener un estatus que le permita residir legalmente en el país.

En este segundo conjunto, además, aquellos que puedan acreditar «fehacientemente» su nacimiento en el país, tendrán un plazo de 90 días para solicitar su registro en el libro para extranjeros, contemplado en la Ley General de Migración.

Tras completar el debido proceso de regularización y obtener el estatus migratorio correspondiente, de acuerdo a las categorías existentes en la actual Ley de Migración, los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, solo podrán optar al proceso ordinario de naturalización, pasados 24 meses desde la obtención de su estatus regular.

Este proyecto responde al compromiso de encontrar una solución «humanitaria, mesurada y responsable», para las personas nacidas en la República Dominicana, cuyos padres son de origen extranjero y se encontraban en el país en situación irregular, señaló la Presidencia.

Recordó que para lograr el proyecto «debíamos encontrar un punto de equilibrio entre posiciones encontradas» e indicó que cuenta con «un gran respaldo» y es fruto del «consenso».

La meta siempre, apuntó el Gobierno, fue llegar a una solución que cumpliera con dos objetivos fundamentales: por un lado, «salvaguardar los intereses nacionales y el estricto cumplimiento de la legalidad de la República y, en particular, las sentencias del Tribunal Constitucional».

Y, por otra parte, señaló, «garantizar» los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio dominicano, especialmente los de aquellas que han nacido y se han criado en el país.

La Ley que el Congreso tiene ahora, indicó, es una solución «justa» y se aleja de los «extremos retóricos» a la vez que permite que las personas nacidas en el país puedan «continuar sus vidas con dignidad y terminar así con este ciclo de irregularidades que permitirá al Estado en lo sucesivo una mayor regulación de los flujos migratorios».

El presidente Danilo Medina se comprometió a elaborar dicha ley para la cual siguió una densa, prolongada y mediática ronda de consultas con líderes políticos y religiosos. EFE