Santo Domingo. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), manifestó hoy inconformidad con relación a los últimos descargos hechos por tribunales de diferentes jurisdicciones, en donde se han ventilado alegados actos de corrupción.
La titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, consideró que dichas acciones se constituyen «en un férreo obstáculo contra este flagelo generador de pobreza e impunidad en el país».
«De nada sirve crear más leyes, ni los reclamos de la sociedad civil y de fundaciones, así como el ejercicio responsable de miembros de la prensa y el fortalecimiento del trabajo que diariamente implementa el Ministerio Público, para que estos casos puedan culminar exitosamente, si al final vamos a tener descargos, incidentes y archivos de los procesos», enfatizó Guerrero.
La funcionaria judicial aseguró que se desarrollan grandes esfuerzos de cara a ir tecnificando y levantando procesos muchos más acabados, por lo que reconoció que es un exceso de los tribunales que cercena las garantías del Ministerio Público interpelarlo a que presente las pruebas y ni siquiera se le da la oportunidad de presentarlas.
Sin embargo, aseguró que «continuaremos trabajando con fe», por lo que solicitó el continuo apoyo de la prensa y toda la sociedad civil.
Entre los casos, citó la sentencia dictada el 25 de agosto pasado por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata, que descargó a los directores municipales de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe de la Cruz, acusados cometer actos de corrupción que alcanzan la suma de 180 millones de pesos.
Otra de las sentencias es la del 31 de julio del 2014 en el caso de Luiss Rafael Álvarez Renta, que declara fundada una demanda de Habeas Corpus y concluye eximiéndolo del cumplimiento de casi la mitad de la pena de 10 años, impuesta por sentencia firme e irrevocable.
También citó la sentencia del día 10 de julio pasado que acoge una declinatoria por causa de seguridad pública en el proceso seguido a Félix Manuel Rodríguez Grullón, alcalde del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público incurrió en un desfalco de más de 400 millones, sin causa razonable alguna.
La cuarta se refiere a la sentencia del 18 del mes de junio de en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia exonera de responsabilidad penal a los imputados del fraude cometido en la Dirección Nacional de Bienes Nacionales durante la gestión de Wessin Chávez, donde conforme a una auditoría de la Cámara de Cuentas, fueron utilizados, disipados y distraídos fondos públicos por valor de 157,2 millones de pesos. EFE
