CIUDAD DE PANAMA. Los casos de trata de personas en Panamá aumentaron un 90% en los últimos dos años, en parte debido a las «pocas condenas» contra este delito y las políticas de prevención «deficientes», reconoció   la cancillería panameña.

Prostitutas



Cifras de la fiscalía aseguran que en los últimos dos años «los casos de trata de personas aumentaron en casi un 90%» en Panamá, indicó el ministerio en un comunicado, sin dar cifras concretas de un flagelo que afecta principalmente a mujeres panameñas y colombianas.

De las víctimas extranjeras encontradas en Panamá, la mayoría son mujeres adultas de Colombia y, en menor grado, de países vecinos en América Central y República Dominicana.



Las autoridades panameñas aseguran que si bien existe desde hace dos años un plan nacional contra el tráfico ilegal de personas, las condenas por estos delitos han sido «pocas».

«La persecución del delito y protección a las víctimas son dos de los principales ejes a reforzar en la lucha contra la trata de personas en Panamá, ante las pocas condenas y deficientes políticas de prevención», asegura el comunicado.

La cancillería reaccionó así a una publicación este jueves en el diario La Prensa de un informe del Departamento de Estado estadounidense, que colocó a Panamá en nivel dos de vigilancia (en una escala de 1 a 3) porque su gobierno «no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar la trata».

Las autoridades panameñas reconocen la «falta de atención a este flagelo», pero responsabilizan a «administraciones anteriores» al gobierno de Juan Carlos Varela, quien asumió el pasado 1 de julio.

El gobierno de Varela «actuará con determinación para erradicar esta problemática, que atenta contra el respeto a los derechos humanos», indicó la nota oficial.

La mayoría de las víctimas de este flagelo, panameñas de entre 18 y 30 años, son explotadas sexualmente dentro del país, según el gobierno.

«La mayoría de estas mujeres migran voluntariamente a Panamá a trabajar, pero son posteriormente explotadas en la trata sexual o en la servidumbre doméstica», indicó la cancillería.