Un informe elaborado por el Consejo Internacional de ONG sobre la Violencia contra la Niñez, presentó los resultados de un estudio llevado a cabo en torno a la situación de violencia a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.
De acuerdo a estadísticas del organismo, en el país hay aproximadamente 2 millones de menores de 18 años con algún tipo de problemas con el sistema judicial. Sin embargo, contrario a lo que se creía, encerrar a los adolescentes infractores de la ley no impide que vuelvan a delinquir.
Los datos obtenidos revelan que las medidas no privativas de libertad pueden reducir los delitos hasta un 70%, mientras que la encarcelación solo aumenta la probabilidad de que un menor sea reincidente.
El informe plantea, además, que las personas menores de edad que no han sido acusadas de cometer un delito no deben pasar nunca por el sistema de justicia juvenil como transgresores, sino que deberían utilizarse los canales legales administrativos o de bienestar social adecuados.
Entre los efectos a largo plazo de la privación de libertad se encuentran el retraso en el desarrollo, la discapacidad y el daño psicológico irreversible.
Asimismo, el informe destaca que los adolescentes implicados en el sistema de justicia simplemente no comprenden la naturaleza de los procedimientos judiciales o el papel de jueces, fiscales e incluso, el de sus propios abogados.
En ese sentido, Silvia Mazzarelli, representante para el Caribe del Consejo Internacional de ONG sobre la Violencia contra la Niñez, explica que solo los niños, niñas y adolescentes que constituyen un peligro público requieren ser encarcelados.
Sostuvo que es necesario priorizar otras medidas más eficientes como crear programas educativos y preventivos que busquen reinsertar al adolescente en la sociedad.
Mazzarelli considera que la opinión pública es cruel porque desde que un menor comete un delito, aboga porque se aumente la pena o se modifique el Código del Menor, sin analizar profundamente que muchos son usados por personas mayores para delinquir.
De igual forma, Thomas Polanco, coordinador de Coalición las ONG por la Infancia, aclara que cuando los pequeños entran en conflicto con la ley, esto obedece a múltiples causas como socioeconómicas, educativas, familiares y el entorno.
“La idea no es trancar al muchacho o muchacha y punto, deberían existir otras medidas que busquen orientarles, porque ellos son el futuro de la nación y los que van a echar adelante el país”, reflexiona.
Polanco agrega que la familia y el Estado tienen que trabajar juntos para evitar que tantos infantes incurran en delitos o que sean utilizados por individuos malsanos para cometer fechorías.
Sistema violento
Los resultados del estudio resaltan otros problemas como cuando son detenidos por una infracción y no se notifica a madres, padres o tutores la situación y tampoco se le da tiempo a ir a la comisaría o de acudir a su primer aparición a un tribunal. En algunos casos se les contacta para obtener un soborno a cambio de su liberación.
Otra traba es que la mayoría de ellos no pueden costearse su propio abogado y por lo tanto carecen de asistencia judicial, y en caso de que lo tenga, aparece después que la policía lo interroga.
Los agentes policiales carecen de conocimientos sobre los derechos de la niñez y la adolescencia y los tratan de la misma manera que a delincuentes adultos.
Los menores desfavorecidos, vulnerables y desamparados son percibidos por la policía como delincuentes, por lo que resultan más frecuentes las denuncias de extorsión, amenaza, paliza, violaciones e incluso asesinatos. Esas acciones forman parte de la campaña “limpiar las calles”.
Por Anny Duarte para Dominicanoshoy.com
