haitianas bailandoEl procedimiento de regulación de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de la República Dominicana para inscribir a ciudadanos haitianos en los registros civiles ha sido extendido 90 días mas tras los graves errores administrativos para aplicar la norma que ha reconocido el propio presidente dominicano, Danilo Medina.

   Las organizaciones sociales del país caribeño han denunciado numerosas irregularidades por parte de la administración y la Policía. Así lo han recogido en un comunicado conjunto.



   Según denuncian, ha habido una falta información sobre los requisitos, una escasez de oficinas donde debían efectuarse los trámites, y las denuncias seguramente mas graves son las relativas a las contradicciones entre procedimientos administrativos y la propia ley, y el cobro de documentos que debían expedirse de manera gratuita.

   «Ha reinado el desorden y la desinformación», denunció el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), que considera fracasado el plan del Gobierno para conceder un régimen especial a las personas dominicanas descendientes de haitianos.



   Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas señaló que tan solo el 1 por ciento de las personas a las que se dirige la ley inmigratoria — 169-14 — han podido acudir a las oficinas e hizo un llamamiento a las autoridades dominicanas para extender el plazo al menos 8 meses para poder cumplir los objetivos.

POLÉMICA REFORMA INMIGRATORIA

   El pasado mes de julio el presidente Danilo Medina promulgo un ley destinada a personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano, de esta forma se daba marcha atrás sobre la naturalización de muchos ciudadanos dominicanos de origen haitianos.

   Para las organizaciones que velan por los derechos humanos se trata de una forma de desnacionalización y así privar a una parte de la población de sus derechos civiles y el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social.

   Por ello, consideran que el gobierno local debe admitir el fracaso del proceso de regulación y naturalización, que no se ha implementado de manera adecuada por falta de medios y de voluntad real de solucionar la problemática de la población afectada.

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