Peña Nieto, entre escándalo por mansión y protestas por desaparecidos

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México. Presionado por la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses, el presidente Enrique Peña Nieto enfrenta la peor crisis de México en décadas, acorralado entre el escándalo por una lujosa mansión de su esposa y persistentes protestas contra la violencia y la “narcopolítica”.

Peña nieto

La capital será epicentro el jueves de manifestaciones convocadas por grupos políticos y sociales que recibirán a tres caravanas encabezadas por padres de los desaparecidos que clamaron en varias regiones del país que sean hallados vivos. Algunos radicales amenazan con bloquear vías estratégicas y el aeropuerto.

“Es la crisis más delicada y profunda de México de las últimas décadas, sin salida clara. Genera incertidumbre que el gobierno no reaccione con medidas que enfrenten los graves problemas de justicia y corrupción, y que el movimiento de protesta esté muy fragmentado”, declaró a AFP Nicolás Lazo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Con inusual tono enérgico, Peña Nieto advirtió el martes que actuará con firmeza ante protestas violentas, al denunciar que algunos sectores, en desacuerdo con las reformas educativa y energética que emprendió al llegar al poder en 2012, buscan “desestabilizar” su gobierno.

En medio de la crisis, el mandatario está también envuelto en el escándalo por una mansión de su esposa Angélica Rivera, comprada a una constructura mexicana relacionada con el consorcio chino que ganó una millonaria licitación estatal, cancelada repentinamente por el presidente.

El martes, Rivera anunció que venderá su fastuosa casa para frenar la polémica, pese asegurar que la adquirió con su trabajo como actriz de telenovelas.

“El presidente está en una situación incómoda. El que la familia presidencial recule no es buena señal. Si no tenía nada malo pues se sostiene, pero hay indicios de que no fue transparente ni muy legítimo”, opinó Eurubiel Tirado, analista de la Universidad Iberoamericana.

Para Tirado, el gobierno busca con la explicación de la primera dama bajar la “desconfianza” y con su discurso fuerte “que amainen las protestas con amenazas”.

La crisis estalló el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los estudiantes en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, luego que policías corruptos y narcotraficantes los atacaron por orden del alcalde local y los entregaron a sicarios que los habrían masacrado.

– Sin muestras de querer cambiar –

El hecho consternó al mundo y desnudó la extendida infiltración del crimen organizado en las instituciones mexicanas, desatando protestas que, en el caso de Guerrero, acabaron con edificios incendiados, al grito de: “Fuera Peña Nieto”, “Basta ya de narcopolítica”.

“El presidente se ha tardado en actuar y tiene que haber cambios, que acabe la impunidad para políticos coludidos con grupos criminales, sino el país se va incendiar”, opinó Antonio Ortega, presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.

A siete meses de elecciones legislativas y de gobiernos locales, la crisis presiona al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también trastoca a todo el espectro político, como Partido Acción Nacional (PAN, conservador) y Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), al cual pertenece el alcalde de Iguala -arrestado- y el gobernador de Guerrero, quien dejó su cargo.

Uno de los principales políticos del estado y mentor del alcalde ha sido vinculado al excandidato presidencial Manuel López Obrador, quien se separó del PRD y fundó su Movimiento por la Regeneración Nacional (Morena).

“Si algo se ha pluralizado y democratizado en los últimos 20 años es la corrupción. Urge un cambio de 180 grados. Pero el gobierno y los partidos no dan muestras de querer cambiar, están atrincherados”, afirmó Tirado.

El terremoto en la izquierda es tal que Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD y tres veces candidato presidencial, pidió la renuncia de la dirigencia del partido, cuyo presidente, Carlos Navarrete, admitió “errores”, prometió rectificaciones y un mayor control sobre los candidatos para las elecciones de 2015.

“No sé si el PAN y el PRI lo reconozcan, pero hay que decirlo con claridad: la delincuencia ha atrapado gobiernos de todos los signos políticos”, dijo Navarrete, quien admitió que su partido tiene “focos prendidos” en varios estados.

Además de tener políticos cuestionados por corrupción, el PAN arrastra en la crisis el haber lanzado en 2006, durante la presidencia de Felipe Calderón, la ofensiva contra los cárteles, que deja ya 80.000 muertos y 22.000 desparecidos.

Peña Nieto siguió esa estrategia aunque prometió pacificar el país, pero Iguala echó por tierra su discurso de que bajó la violencia. “El gobierno debería reformular también” su política de seguridad, opinó Tirado.

Para Francisco Torres, de la ONG México Unido Contra la Delincuencia, los mexicanos “no solo deben mostrar un hartazgo en las protestas, sino también proponer una ruta”.

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