Defensores de derechos humanos denunciaron este domingo que las 11 personas arrestadas en México el jueves pasado -entre ellas un chileno-, durante una protesta, enfrentan irregularidades en su proceso, mientras el gobierno asegura que han gozado de “todas las garantías”.
Las “irregularidades” del proceso empiezan por “una privación ilegal de la libertad ejercida por el Estado mexicano. (Los detenidos) son presos políticos”, aseguró Jesús Rojas, tío de uno de los arrestados, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México en la que se repartió un manifiesto firmado por decenas de ONGs.
Ante estas acusaciones, el gobierno de México reaccionó en un comunicado asegurando que “los once detenidos gozan de todas las garantías que la ley mexicana otorga a toda persona sujeta a un proceso jurídico”.
Según la fiscalía general, los detenidos están acusados de “homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín (…) derivado de los disturbios acontecidos durante las manifestaciones”, en las que enfurecidos civiles se enfrentaron con petardos y palos a fuerzas antimotines frente al Palacio Nacional.
“México rechaza todo acto de violencia. Se trata de una exigencia que comparte la sociedad”, aseguró el gobierno.
Tras sortear una serie de dificultades desde el día del arresto, un colectivo de abogados logró este domingo revocar a las defensas de oficio de siete de los 11 detenidos.
El plazo para presentar pruebas de inocencia vence el próximo sábado, por lo que se están recabando fotos, videos y testimonios, dijo a la AFP Mariana Gil, integrante del colectivo de abogados.
“Además, solicitamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice el Protocolo de Estambul a todos los detenidos, pues hubo violaciones en la detención, traslado y retención”, añadió.
AFP
