El motivo por el cual abogados dominicanos prefieren defender los delincuentes de cuello blanco

Reporte elaborado por Loyda Peña para el periódico Hoy

Santo Domingo. En República Dominicana hay un reducido grupo de abogados que en la última década prácticamente se ha especializado en la defensa de imputados de “ilícitos penales”, trabajo con el cual se ganan “todo el dinero del mundo”, pues el cobro de sus honorarios incluye pagos en especies, o efectivo que alcanzan sumas de hasta US$18 millones.

Casi todos son abogados penalistas contratados para abordar grandes casos, ordinariamente vinculados con narcotráfico, sicariato, lavado de activos, fraudes bancarios y corrupción administrativa.

Esto quiere decir que paralelo a la aparición en el país de crímenes y delitos se ha desarrollado una asistencia legal de letrados de alto nivel académico y con fácil acceso a los medios de comunicación, sobre todo a los audiovisuales.

“Abogados del Diablo”. Algunos los llaman así, tal vez por defender lo indefendible o en alusión al protagonista de la película de Taylor Hack- ford (1997), un joven abogado que por su exitosa carrera en un pequeño pueblo de Florida fue contratado por una importante firma de Nueva York, donde igual se vio coronado de éxitos, pero en casos sonoros con trasfondo oscuro.

La fama adquirida por estos juristas trasciende el plano nacional, porque varios de sus clientes son sindicados como “capos” vinculados con el crimen organizado internacional, como Quirino Ernesto Paulino, David Figueroa Agosto, Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), Antonio del Rosario Puente (Tono Leña), y Winston Rizik Rodríguez (El Gallero).

Entre sus clientes han figurado también banqueros acusados y juzgados por la comisión de fraudes millonarios. En los últimos años han aparecido casos de funcionarios y exfuncionarios de jerarquía imputados por presuntos actos de corrupción administrativa y lavado de activos.

Un buen negocio. Fuentes consultadas, entre las que se encuentran algunos de estos abogados, revelaron que para la defensa de ese tipo de delitos no existe un tarifario de honorarios, sino que estos son propuestos a discreción por los abogados.

En los casos de narcotráfico, por ejemplo, se cobra dependiendo de la envergadura del hecho y del cliente. Generalmente las tarifas se calculan en dólares, de manera que la depreciación de la moneda local no penalice a los juristas.

“Hay abogados”, de acuerdo con una de las fuentes consultadas, “cuya cotización es muy alta y solamente por la consulta hay que depositarle en una cuenta bancaria US$50,000 o US$100,000”.

Otras veces se establecen acuerdos transaccionales, es decir, si al cliente le han embargado bienes, se puede establecer en el contrato de defensa un pago en especie, dando un porcentaje de los bienes que se logren rescatar. En estos casos, hay clientes que ofrecen hasta un 30 por ciento, y otros que no dan más de un 10 por ciento.

Clientes muy generosos. En sentido general, en los casos de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos que envuelven “dinero sucio”, los imputados son “muy generosos” en el pago de honorarios, afirmaron algunas de las fuentes consultadas.

Como ejemplo citaron una operación no especificada que involucró alrededor de US$80 millones, y los abogados cobraron US$18 millones de honorarios profesionales. También, añadieron, en el caso Quirino “hubo abogados que recibieron RD$12 millones”. Esta afirmación no fue posible verificarla.

Un abogado precisó que aunque el imputado haya contratado a varios abogados y estos coordinen para hacer la defensa en conjunto, los cobros por honorarios se hacen manera individual, “y nunca paga el cliente, sino familiares o relacionados suyos”.

¿Evasión de impuestos? Cuando se trata de personas físicas, los honorarios suelen percibirse al margen del régimen tributario, es decir, sin facturas con NCF ni rastros que impliquen el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni de ITBIS, “porque los clientes no podrían justificar las fortunas que poseen, ni delatarse”, afirmaron algunos de los consultados.

Agregaron que es usual también que imputados de “ilícitos penales” que resultan condenados se nieguen a pagarles a sus abogados. De ahí que muchos exijan el pago íntegro de sus honorarios antes de presentar conclusiones al fondo en primera instancia, y además si el caso se va a recurrir en apelación.

Cobros por hora. En los asuntos corporativos o litigiosos de naturaleza civil, comercial y administrativa, estos penalistas estilan facturar sus honorarios por horas, pero como carecen de estructura, organización y logística informática y contable para eso, utilizan el “lump sum” (pago único o globales) o a pagos sucesivos durante el proceso, explicaron las fuentes que prefirieron reservas de sus nombres.

Los pagos por horas incluyen tiempo de estudio, reuniones, diligencias, redacción de documentos y escritos, transporte y cualquier gestión que en interés del cliente hagan los mensajeros, paralegales y abogados.

Las tarifas. Dependen de cada firma. La de un paralegal puede ser de US$75; la de un abogado base, US$150, y entre US$250 US$350 la de los socios o abogados líderes de las firmas.

Cuando se trata de recuperación de valores, la Ley No. 312 de 1964, sobre Honorarios de Abogados, no permite que se cobre un porcentaje superior al 30% de los valores involucrados. Sin embargo, cuando se acuerda una suma fija, es común que el cliente adelante entre un 30% y 50% del total convenido.

Contrario a como ocurre con las personas físicas, en el caso de las personas jurídicas (sociedades comerciales, sin fines de lucro y entidades gubernamentales) estas exigen facturas con NCF, pago del ISR e ITBIS para justificar contable e impositivamente las erogaciones que hacen en pago de honorarios.

Fraudes Bancarios. Son esos mismos abogados los que fueron contratados por los acusados de violar la Ley Monetaria y Financiera, y Ley de Mercado de Valores, en los casos de fraudes en los bancos Intercontinental (Baninter), estimado en RD$55,000 millones; Bancrédito, por un monto de más de RD$23,000 millones; Mercantil, por RD$6,509 millones; Banco del Progreso, por RD$14,000 millones.