Procuraduría sostiene que juez ignoró 16 nuevos ilícitos penales en la acusación contra Félix Bautista

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Laura María Guerrero Pelletier
La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); Laura María Guerrero Pelletier

SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).- La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) insistió en la tarde de este lunes en que el juez de la Suprema Corte de Justicia Alejando Moscoso Segarra se valió de “un falso argumento” para anular la acusación por corrupción y lavado de activos presentada contra Félix Bautista con el alegato de que se trataba de una doble persecución.

Laura María Guerrero Pelletier hizo el señalamiento durante una rueda de prensa en la que anunció la apelación del auto de no ha lugar emitido el pasado 27 de marzo por Moscoso Segarra en su calidad de juez de instrucción especial.

La decisión del juez favorece evitar el apresamiento preventivo y el envío a juicio penal del senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los demás imputados, a quienes la PEPCA acusa de la supuesta comisión de los delitos de falsedad en escrituras, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otras infracciones penales.

“Rechazamos ese argumento del juez, toda vez que ese auto de acusación y apertura a juicio contiene 16 ilícitos penales nuevos, que no fueron investigados ni archivados en la pasada gestión de la DPCA (hoy PEPCA), que dirigió Hotoniel Bonilla, los cuales fueron claramente obviados por Moscoso Segarra, en franca violación a la norma penal, y por eso estamos recurriendo esa decisión”, dijo Guerrero Pelletier.

Sobre el recurso de apelación, explicó que el mismo se elaboró tomando en consideración varios vicios de la sentencia de Moscoso Segarra, entre ellos la exclusión probatoria a favor de los coimputados que figuran en el expediente junto al senador, así como los alegatos del juez de que existía una doble persecución.

Sostuvo que la acusación anulada por Moscoso Segarra mediante el fallo de no ha lugar no toma en cuenta el sometimiento contra el grupo por los nuevos cargos de evasión de impuestos ni el de lavado de activos, infracciones que dijo “son de suma gravedad”.

De igual modo, la magistrada resaltó que el juez no se detuvo a observar que el artículo 146 de la Constitución invierte el fardo de la prueba y establece que es al imputado a quien corresponde demostrar el origen lícito de sus bienes y riquezas. Además, argumentó, la acusación de la Procuraduría General consideró los informes de la Superintendencia de Bancos sobre depósitos y movimientos bancarios que no pudieron ser justificados y que constituyen enriquecimiento ilícito.

En el encuentro con la prensa celebrado en la sede de la Procuraduría, la funcionaria judicial hizo un breve resumen de las motivaciones contenidas en el escrito de apelación, que consta de 612 páginas, el cual será  depositado probablemente a las 5:00 de la tarde de este lunes en la presidencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que encabeza Miriam Germán Brito.

Guerrero Pelletier manifestó que el recurso de apelación es un documento amplio, basado en argumentos trascendentales, que servirá en el futuro para valorar otros casos en lo referente a los temas de prevención y persecución, tanto de la corrupción, como de los delitos por lavado de activos.

Sostuvo además que la apelación servirá de referente a todo el sistema penal en todo lo relativo a la persecución de casos por crimen organizado, muy específicamente de lavado de activos ycorrupción.

Refiriéndose a las decisioes judiciales que favorecieron a Félix Bautista y al alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez “ese viernes negro”, constituyeron “un duro golpe” a la lucha contra la corrupción. En su opinión, ambos fallos fomentan el estado de impunidad en la República Dominicana, que ha sido rechazado ampliamente por un gran segmento de la sociedad, informa 7Dias, en su portal.

Añadió que en ambas decisiones obviaron el rigor de las normas legales. Además, que fueron tomadas de manera “errónea y acomodaticia” a los intereses que representan ambos imputados.

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