Comunicación enviada a Ensegundos.do por Movimiento Popular Dominicano (MPD); el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO0; el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL) y la Izquierda Revolucionaria (IR):
Nuestras organizaciones revolucionarias, democráticas y populares, denuncian ante la opinión pública nacional la brutal agresión de miembros uniformados de la Policía Nacional de los denominados lince, contra Romer Ayala, estudiante de Medicina de la UASD y vocero del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL), acción que tuvo lugar en Barahona, el pasado sábado 30 de mayo, cuando visitaba a su madre en ocasión de la celebración del Día de las Madres.
La acción represiva de los agentes especiales de la Policía Nacional en Barahona, fue un intento de asesinato contra el dirigente estudiantil Romer Ayala, se inscribe dentro de la política del actual gobierno de Danilo Medina y la corporación Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de usar la fuerza para llevar a cabo una “limpieza” social y para acallar, amedrentar o eliminar a hombres y mujeres que luchan por rescatar la República Dominicana de esta mafia que nos desgobierna.
Rechazamos el informe del Comando Regional Suroeste de la Policía Nacional, que da cuenta que Romer Ayala estaba armado y que atacó a un equipo de 8 agentes linces. Es un informe tan falaz y tendencioso, que dice que el vocero del FELABEL recibió dos disparos, cuando según el certificado del médico legista, fue impactado por 6 disparos. Preguntamos: ¿si la actuación de los policías fue correcta, porqué el general Ciriaco Núñez trasladó a los linces actuantes?
Desmentimos la mentirosa versión del equipo de Linces al ser interrogado por Asuntos Internos de la Policía Nacional, según la cual Romer Ayala encabeza “una peligrosa banda criminal en Barahona”, ya que sus estudios ininterrumpidos en la UASD de Santo Domingo, confirman que ha estado dedicado a su carrera de Medicina y al activismos estudiantil.
Nuestra organizaciones consideran que el atentado contra el dirigente del FELABEL por parte de la Policía, es una acción criminal, por lo que no puede quedar impune.
Es inaceptable, que el general Ciriaco Núñez despache el caso con un simple traslado de los policías autores materiales del hecho. Además, sería una irresponsabilidad el envío de esos agentes, con instinto criminal, a otros pueblos, porque sería exponer a otros ciudadanos a ser víctimas.
En Barahona, el general Ramón Ciriaco Núñez, ha suspendido todas las garantías fundamentales expresadas en nuestra Constitución, al imponer un estado policíaco que ha traído como consecuencia, que 23 jóvenes en dicha ciudad se encuentren lisiados, con piernas amputadas, sin que haya un sólo miembro de la Policía criminal sometido a la acción de la justicia.
La comunidad de Barahona, como el resto del país, necesita señales claras de la voluntad política del gobierno de poner fin al imperante sistema de impunidad, y de que el Código Penal y las leyes se aplicarán sin importan rangos ni clases social, para tranquilidad de la comunidad barahonera y de toda la sociedad dominicana.
El teniente Clamares Mejía Batista (alias “Cambio”) y el raso Edwin Olivares Ramírez, y los demás integrantes del equipo Linces actuantes en la salvaje agresión contra el dirigente estudiantil Romer Ayala, deben ser puesto a la disposición de la Justicia junto al general Ramón Emilio Cririaco Núñez, ya que según estos, fue el oficial que dio la orden.
La libertad con que los agentes policiales violan los Derechos Humanos y actúan al margen de la ley, con el manto de la impunidad del poder político y la justicia, es algo propio de las dictaduras.
Además de cuestionable, es condenable la indiferencia del Ministerio Público, incluyendo el Procurador Nacional de la República, que no investiga ni se pronuncia sobre lo que son, a todas luces, violaciones a Derechos Fundamentales. Los fiscales actúan como subalternos de la policía y en franco contubernio con el crimen, lo que da a un carácter de acciones criminales organizadas por el gobierno, desde instituciones llamadas a proteger la población y garantizar el Estado de derechos.
Cabe destacar, que el organismo internacional Pro-Derechos Humanos, se ha interesado por los casos de brutalidad policial en Barahona y, mediante llamada telefónica nos planteó agotar los recursos institucionales y judiciales internos, que en su defecto, dicha entidad estaría en la disposición de conocer la denuncia.
El gobierno de Danilo y la corporación del PLD, en su afán reeleccionista, están constriñendo los derechos logrados en heroicas luchas por el pueblo dominicano, reduciendo los derechos fundamentales y el Estado de derecho estatuido en la Constitución.
Estamos frente a una Dictadura Institucional, que desconoce la democracia y el derecho de participación y que ha eliminado el rol de las instituciones del Estado, por decisiones el Comité Político del PLD y acuerdos de bandos dentro del partido morado, todo en aras de perpetuarse en el poder.
Nuestras organizaciones reafirman su firme determinación de continuar defendiendo la dignidad y el decoro de la república, caiga quien caiga… Que quede claro, en la lucha por los derechos del pueblo, el gobierno y su fuerza represiva, no nos intimidará.
Exigimos al Procurador de la Republica, Lic. Francisco Domínguez Brito, y al Jefe de la Policía, General Manuel Castro Castillo, la designación de una comisión de alto nivel que realiza una exhaustiva investigación, que además de aclarar la agresión a tiros contra el dirigente estudiantil Romer Ayala, a los policías linces se le dé De Baja y se les ponga a disposición de la Justicia, en fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico de República Dominicana.
Un equipo de abogados de la familia Ayala, incluyen su padre Romer Ayala, quien es abogado, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formalizarán en las próximas horas una acusación contra el teniente Clamares Mejía Batista (alias “Cambio”), el raso Edwin Olivares Ramírez y el General Ramón Emilio Ciriaco Núñez, del Comando Sur con asiento en Barahona, bajo reservas de incluir al General Manuel Castro Castillo, por su silencio cómplice de un hecho tan condenable.
El jueves 18 de junio, la semana próxima, conjuntamente con organizaciones de Barahona y de Derechos Humanos, acudiremos a la Procuraduría Nacional de la República, para hacer entrega de un documento dirigido al Procurador, Lic. Francisco Domínguez Brito, en el que expondremos el salvajismo policial en la provincia de Barahona y otras localidades del país, y le pediremos que rompa su silencio e indiferencia, como guardian de los derechos constitucionales, que debe de ser.
Por último, demandamos la destitución del general Ramón Ciriaco Núñez, por su más alta complicidad con vándalos criminales bajo su mando.
