Santo Domingo. Decenas de miles de haitianos se exponen a ser deportados a partir de este jueves, tras finalizar el plazo para inscribirse en el plan de regularización de inmigrantes abierto por el gobierno de Danilo Medina.
El plazo vencó ayer , pero el Ministerio de Interior y Policía prometió atender a los que quedaran en fila.
«Estaremos trabajando hasta la medianoche, vamos a ver la mayor cantidad que podremos atender», dijo a la prensa Samir Santos, a cargo del proceso.
Según constató la AFP, cientos de haitianos permanecían agolpados hasta cerca de la medianoche en las afueras del Ministerio, resistiéndose a quedar fuera del plan.
«Mira esta fila tan larga y siempre está igual y uno no sabe de dónde pasa esta gente que está adentro. Yo tengo seis días viniendo aquí y nunca puedo pasar», se quejaba la joven Ysmaerise Desrosier Clermont, quien desde la mañana ocupaba los primeros lugares de una fila que no vio avanzar en todo el día.
Adentro, decenas agotaban el proceso de presentar sus documentos, responder preguntas, tomarse la fotografía y esperar la constancia de registro.
«Yo nací aquí (…) y resulta que ni mi mamá ni mi papá me sacaron papeles. Entonces yo lo que quiero es tener algo que me pueda asegurar (permanecer) aquí para no deportarme a un país que no conozco», dijo más temprano Karina Charles a la AFP en la entrada del Ministerio, responsable del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
– Sin detalles del proceso –
Las autoridades aseguran que a partir de este jueves aquellos que no se hayan acogido al plan podrán ser deportados, pero no aclararon cómo sería el proceso.
El gobierno de Medina, que en diversos foros internacionales ha negado violación de derechos humanos en las deportaciones, sostiene que los centros de retención y autobuses con los que cuenta para el traslado de los repatriados les garantizan un trato digno.
Medina ofreció un discurso a la nación el miércoles por la noche, pero no abordó el tema de los haitianos.
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, aseguró que hasta este miércoles por la mañana se había alcanzado la cifra de 275.000 extranjeros inscritos.
El Movimiento Justicia Migratoria estima que estarían quedando fuera unos 200.000 de los 458.000 haitianos que se calcula que hay en Dominicana, de lejos la primera comunidad extranjera en este país.
La inscripción consiste en la entrega de un documento de identidad del país de origen, así como su dirección de residencia y un número de contacto. Con eso se evita la deportación.
Luego, en días posteriores, se debe llevar constancias de trabajo, de buena conducta y algún documento que certifique la estadía en el país desde antes de 2011.
– Quejas por desinformación –
El caos y la desesperación han acompañado el proceso, y muchos aspirantes se han quejado de la desinformación.
En algunas de las oficinas habilitadas se presentaron pequeños disturbios que fueron sofocados con gases lacrimógenos en días pasados, y según la prensa local hubo seis heridos leves en un tumulto en una oficina gubernamental en Dajabon (en el noroeste del país, cerca de la frontera con Haití).
Según medios dominicanos, desde comienzos de semana cientos de haitianos decidieron no optar por la legalización y comenzaron a desplazarse voluntariamente hacia la frontera para cruzar hacia su país.
En 2013, una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional determinó que no eran dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, ni aún cuando estuvieran asentados en el registro civil, lo que desató una ola de críticas dentro y fuera de República Dominicana.
A raíz de esta controversia, que generó una crisis diplomática entre ambos países, el gobierno de Medina abrió este proceso de legalización y promulgó una ley que reconoce como dominicanos a los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en Dominicana, debidamente asentados en el registro civil.
Haití -el país más pobre de América Latina- y República Dominicana comparten la isla caribeña La Española. Su problema de migración se vio agravado tras el terremoto del 12 de enero de 2010 que dejó unos 200.000 muertos y un millón de desplazados.
