oeaWashington, 8 jul (EFE).- República Dominicana y Haití exhibieron hoy sus tensiones por la situación migratoria ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en vísperas de la misión que enviará el organismo a ambas naciones entre los días 10 y 14 de julio para buscar una solución a esta crisis.

El canciller haitiano, Lener Renauld, y el embajador de República Dominicana ante la OEA, Pedro Vergés, mantuvieron hoy un crispado intercambio de posiciones ante el Consejo Permanente del organismo, que celebró hoy su segunda sesión especial sobre este conflicto.



Renauld pidió a la comunidad internacional que intervenga en esta crisis para evitar una «catástrofe humanitaria» que podría constituir una «amenaza para la seguridad nacional» y «desestabilizar» el país caribeño en año electoral.

«Solicitamos la intervención solidaria de todos los amigos de la comunidad internacional, el Caricom (la Comunidad del Caribe, a la que pertenece Haití pero no su vecino), la ONU y la OEA para hacer que la República Dominicana entre en razón y dé un trato más humano a los inmigrantes haitianos», afirmó el canciller.



La reacción de República Dominicana a esta petición fue tajante: «Rechazamos todo intento de obstaculizar el ejercicio de la soberanía de nuestro país y su capacidad de autonomía como nación. Ningún país negocia con otro los términos de su política migratoria», dijo Vergés.

«Demandar una amnistía para mantener a todos los extranjeros es algo que nadie puede pedirnos, ningún Estado de los que están aquí sentados en este foro haría tal cosa», añadió.

No obstante, el Gobierno dominicano aceptó «inmediatamente» la misión de la OEA, que comenzará este viernes en Santo Domingo (República Dominicana) y concluirá el martes en Puerto Príncipe (Haití).

«Saludamos la misión de la OEA, que vengan una, dos o tres veces. Pero lo que pedimos es que sea una comisión absolutamente imparcial, porque aquí hay países que se han manifestado radicalmente en contra de Dominicana y a favor de Haití, esperemos que ninguno de esos forme parte de la comisión», dijo el embajador dominicano.

Durante el Consejo Permanente de hoy, varias naciones del Caricom expresaron su apoyo a Haití y denunciaron la política migratoria de la República Dominicana, como habían hecho antes en otros foros.

Las históricas tensas relaciones entre los dos países, que comparten la isla caribeña La Española, sufrieron una sacudida en 2013, cuando el Tribunal Constitucional dominicano negó la nacionalidad a los descendientes de indocumentados nacidos en su territorio, la mayoría de ellos haitianos.

Tras la condena internacional que suscitó esa sentencia, el Gobierno dominicano lanzó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de junio y al que se acogieron unas 288.000 personas.

Según las cifras aportadas por Vergés, ese plan ha «resuelto la situación de documentación como dominicanos a más de 55.000 personas y sus descendientes», al tiempo que permitirá que casi 9.000 hijos de padres extranjeros se naturalicen en menos de dos años.

Ese plan migratorio ha suscitado críticas a nivel internacional, tanto de gobiernos como de entidades de derechos humanos, que temen que decenas de miles de personas de origen haitiano que nacieron en República Dominicana se queden apátridas al no reconocerlos ninguno de los dos países.

República Dominicana acusa a Haití de no documentar a sus ciudadanos a pesar de que el requisito clave para la regularización era tener un documento de identidad oficial del país de origen.

«Se inscribieron más de 288.000 personas, en su mayoría nacionales haitianos. Como era de esperarse ante el incumplimiento de Haití, apenas una tercera parte posee pasaporte (96.000 personas)», dijo hoy Vergés.

Según la información oficial, un total de 36.593 indocumentados han abandonado voluntariamente República Dominicana desde el pasado 18 de junio.

Para abordar esta crisis, la OEA enviará una misión encabezada por el secretario de Asuntos Políticos, Francisco Guerrero, al que acompañará Gabriel Bidegain, asesor del secretario general, Luis Almagro.

A pesar de que para muchos observadores esta crisis es fundamentalmente un asunto de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no participará en la misión.

La CIDH visitó la República Dominicana tras la sentencia del Constitucional de 2013 y se ha mostrado muy crítica, al igual que la CorteIDH, con la política migratoria dominicana.

El objetivo de la misión, según explicó hoy Almagro, es valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar «una solución duradera que regularice el estatus de los inmigrantes».

La semana pasada, el ministro de Exteriores de República Dominicana, Andrés Navarro, defendió ante la OEA que «el número de casos de apátridas» derivados de la política migratoria de su país «es cero». EFE