Cuidado con la Ley Extinción de Dominio

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En el argot popular “Maco” significa algo que no está claro y que a simple vista provoca dudas y desconfianzas en la ciudadanía. Por esta circunstancia atraviesa el anteproyecto de ley de Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, que se encuentra en estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República. La iniciativa es de la autoría de los senadores, Adriano Sánchez Roa, Charlie Mariotti y Julio Cesar Valentín.

La duda cobra aún más importancia por las posibilidades de que el referido código otorgaría a los miembros del Ministerio Público poderes para realizar allanamientos e incautaciones sin que un juez produzca una sentencia condenatoria contra una persona o pariente cercano a este, si la fiscalía entiende que los bienes que poseen provienen mediante enriquecimiento ilícito.

Brito

El tema llama la atención por la cantidad de fiscales y agentes de los diferentes organismos encargados de la lucha contra las drogas, debido a que algunos de sus miembros han resultado atrapados de manera infraganti, colocando armas de fuego o sustancias prohibidas a personas acusadas.

El caso más reciente y bochornoso fue la participación de un exfiscal de San José de Ocoa, quien puso una pistola a un ciudadano debajo del colchón de la cama, con el objetivo de imputarle porte ilegal de armas de fuego.

Revelación

Durante una reunión en el organismo senatorial, donde estuvieron la fiscal del Distrito Nacional, magistrada Yeni Berenice Reinoso, y el procurador adjunto Germán Miranda Villalona, encargado de la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes destacaron que algunos articulados de la referida iniciativa les permitiría incautar bienes sin tener el aval de un juez o sentencia penal.

Según Yeni Berenice, el proyecto lo que plantea es un proceso no contra la persona, sino a los bienes ilícitos y de esa forma evitar que el culpable pueda evadir la persecución; así como que las riquezas queden en un limbo jurídico, que es el caso que ha estado ocurriendo con las extradiciones.

Entiende que el propósito debe tener algunos puntos ampliados en referencia a los procedimientos, los cuales la titular de la Fiscalía no quiso revelar hasta que no sea consensuada por los legisladores y otros sectores que podrían incidir en la normativa.

Sin embargo, aclaró que con la iniciativa se pretende facultar al Ministerio Público para realizar confiscaciones de bienes sin una sentencia penal: “No sería necesario que una persona sea condenada, como tradicionalmente se ejecuta el embargo. Pudiera abrirse un proceso que lleve al decomiso de bienes sin necesidad incluso de que la persona esté presente”, apuntó la fiscal del Distrito Nacional.

Rechazo
En tanto que el titular del Consejo Nacional de Drogas (CND), Fidias Aristy, rechazó el anteproyecto en estudio en el órgano senatorial, ya que según su criterio, violaría aspectos constitucionales elementales en un Estado Social y Democrático de Derecho, debido a la forma de su redacción.

Dicha posición no fue rebatida ni refutada por los presentes de los diferentes sectores que participaron en los debates de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado.

El presidente del CND afirmó que en la manera en que ha sido redactado el anteproyecto de ley sobre Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, afecta el orden económico y social de la República Dominicana, así como a las instituciones legítimamente democráticas: “La redacción rompe de manera abrupta con principios esenciales del sistema jurídico, que no sería necesario sacrificarlos entre otros temas”, apuntó Aristy.

Aseguró que el referido anteproyecto ha surgido a raíz de que el Estado se ha visto precisado a devolver grandes fortunas y propiedades incautadas a narcotraficantes, luego de cumplir las penas impuestas en los Estados Unidos, mediante los acuerdos de extradición: “Cuando regresan esos imputados, la justicia en muchos casos debe reembolsarles parte de los bienes adquiridos de manera ilícita”, aclaró.

El titular de la Comisión Nacional de Drogas sugirió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado ampliar el marco de sus análisis, ya que puede constituirse en un elemento trastornador del orden social: “Se debe revisar a fondo hasta dónde se afecta la seguridad jurídica; hasta dónde afecta a un tercero de buena fe y observar hasta dónde coaliciona con aspectos sustanciales de la Constitución y consigue perturbar una figura no penal como la presunción de inocencia, lo que podría reforzar un elemento contrario al orden democrático”.

Para Fidias Aristy el gran desafío es aplicar las leyes y la Carta Magna vigente: “La Ley de Leyes suscribe todos los métodos para enfrentar la corrupción y atacar el narcotráfico, así como los bienes generados por esas acciones ilícitas”, concluyó.

Aseveró que en el país se puede juzgar a esas personas y confiscarle sus bienes, ya que la Constitución lo permite” No podemos seguir utilizando el tratado de extradición para el júbilo y beneficio de la delincuencia o de seguir ocultando nuestra debilidades institucionales”, Explicó el presidente del Consejo Nacional de Drogas.

Procurador difiere

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha solicitado en diferentes ocasiones la aprobación de este anteproyecto, ya que según él, permitirá al Estado dominicano incautar todos los bienes ilícitos procedentes del narcotráfico y el crimen organizado.

“Para ser más efectivos en la lucha contra ese flagelo debemos golpear donde más duele, que son los bienes, y que el narco no pueda entender que las herramientas jurídicas que hemos creado se conviertan, al menos de manera perceptiva, en un premio”, expresó Domínguez Brito.

Indicó que es importante el consentimiento, por parte del Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana, para crear los mecanismos jurídicos internos que permitan proceder al decomiso de todos los bienes de narcotraficantes y de otros involucrados en el crimen organizado.

Como diría el cantautor cubano Silvio Rodríguez, en una de sus canciones “Ojalá” que esta iniciativa legislativa no pase por el trauma de Ley de Notariado, que por algunos errores en su contenido, el Senado se ha visto en la obligación de posponerla por un año, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, advierte que solo el Tribunal Constitucional está facultado para retrasar la entrada en vigencia de una Ley debidamente promulgada por el Poder Ejecutivo.

Por: Amaurys Florenzán/ Dominicanoshoy.com

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