El abogado Namphi Rodríguez advirtió que si la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE) somete ante la Dirección de Contrataciones Públicas el contrato por RD$113 millones otorgado a una entidad vinculada a Domingo Contreras comprobará que viola las leyes de Contrataciones Públicas, de Función Pública y la que regula las organizaciones sin fines de lucro.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que el contrato para la forestación del área de influencia de las plantas a carbón de Punta Catalina viola principios básicos de la administración y de la transparencia pública.
“Las violaciones son flagrantes, están a los ojos de cualquier profano del Derecho, y no se deberían negar a que la Dirección de Contrataciones Públicas emita un veredicto sobre la legalidad del contrato, pues involucra un monto financiero sustancial”, dijo.
El catedrático de Derecho Constitucional puntualizó que en ninguna parte de la Ley 340.06, sobre Contrataciones Públicas, se excluye ese tipo de obras del procedimiento administrativo para el régimen de concursos y transparencia.
Señaló que el otorgamiento del contrato de grado a grado al Consorcio Dominicano de la Caoba (Concadom), que preside Domingo Contreras, viola los artículos 3, 14 y 18 de la ley que regula el régimen de contrataciones del Estado.
Añadió que al hacerse la adjudicación sin transparencia se violan los principios de participación y de razonabilidad que permiten a otros oferentes tomar parte en la obra, así como el procedimiento de licitación y publicidad.
En cuanto a la Ley 122.05, que norma las instituciones sin fines de lucro, Rodríguez precisó que la misma establece el procedimiento para que las ONGs reciban fondos púbicos.
“Ese procedimiento es reglado por el Ministerio de Economía y Planificación y existe un registro de elegible a través del cual el Poder Ejecutivo hace las consignaciones de fondos a ONGs en el Presupuesto Nacional”, dijo.
Recordó que la Ley 200.04, de Acceso a la Información Púbica, obliga a las ONGs y los partidos políticos a actuar con transparencia cuando reciben fondos públicos.
Sobre el argumento de que Concadom es una ONGs,, Rodríguez dijo que la Ley de Contrataciones Públicas prohíbe que se le otorguen fondos estatales a personas que son funcionarios públicos y recordó que Contreras es asesor Municipal del Poder Ejecutivo y funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, una de las instituciones firmantes del contrato.
“Incluso la propia Constitución de la República, en su artículo 144 prohibe que una persona pueda desempeñar dos funciones públicas de forma simultánea”, concluyó.
El Contrato y las plantas a carbón
El contrato, denominado Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Implantación del Programa Forestal de Manejo y Mitigación Ambiental de Punta Catalica, fue concedido sin concurso público al Consorcio Dominicano de la Caoba, del que Contreras es presidente.
De acuerdo a los términos del contrato, la entidad conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y la CEDEE sembrarán un millón quinientas mil árboles en las provincias de Peravia y Azua para “reducir las emisiones de dióxido de carbono y mitigar el impacto medioambiental” de las plantas a carbón.
El contrato le fue adjudicado de grado a grado al Consorcio Dominicano de la Caoba, una entidad no gubernamental “sin fines de lucro” con una estructura “híbrida”, compuesta por la Fundación Atabey, de la que Contreras también es presidente, el Jardín Botánico, y las ONGs Fundación Frontera, Plan Sierra, y la Cámara Forestal Dominicana.
El contrato no sólo fue cedido sin licitación, sino que se hizo violando la transparencia y las leyes de Concursos Públicos (Ley 340.06) y de Función Pública (41.08), debido a que Contreras desempaña las funciones de asesor de Asuntos Municipales del del Poder Ejecutivo y Coordinador de las Políticas de Desechos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente, una de las instituciones firmantes.
El acuerdo fue rubricado el 8 de octubre del año 2014 por Rubén Bichara, en representación de la CEDEE, Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente, Ricardo Guarionex García, director del Jardín Botánico, José Rafael De Moya, de la Cámara Foretal Dominicana, Felipe de Jesús Pérez, de la Fundción Frontera, y Domingo Contreras, presidente del Consorcio.
El contrato fue propuesto al Gobierno por el Consorcio que preside Contreras y en el mismo la CEDEE se compromete a aportar RD$88 millones, mientras que Medio Ambiente erogará RD$17,043,732 millones.
En la propuesta inicial, el Consorcio pretendía que el componente financiero fuera de RD$143 millones, pero finalmente fue reducido a RD$113 millones.
Jose Peguero,buenas tardes!!! Si ese contrato se otorgo de grado a grado(sin licitacion) hay que proceder por la via correspondiente porque ya este pais no aguanta mas que se siga cometiendo latrocinio con los recursus del erario. Pero este abogado lo que esta es en politiqueria porque el es un allegado a Leonel Fernandez y era uno de sus sequitos que queria que el (Leonel Fernandez) se postulara en el 2016 para buscarse lo de el,pero su sueño no se le cristalizo como el queria. No se el porque el no denuncio a Felix Bautista quien,a la sazon era director de la OISOE y ahi se adjudicaban muchas obras de grado a grado para el y sus allegados,y otros casos de corrupcion del gobierno de Leonel. Este carajo a la vela tiene una inquina con Danilo Medina porque este no le garantizaba sus intereses como se lo garantizaba una vuelta de nuevo al solio presidencial de Leonel Fernanddez.Con individuo como este es que la lucha contra la corrupcion pierda interes,