Solicitarán prisión contra jueces acusados de negociar sentencias

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El juez de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González, decidirá hoy sobre el pedimento de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público contra la suspendida magistrada Awilda Reyes Beltré y el renunciante miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Alberto Arias Valera, acusados de pertenecer a una red dedicada a negociar sentencias.

Indica el periódico Diario Libre que el proceso fue fijado para las 12 del mediodía, al cual han sido citados en calidad de testigos, Francisco Álvarez, miembro de Participación Ciudadana; Justiniano Montero Montero, director de la Carrera Judicial y el abogado Edgar Eliezer Torres.

En la instancia de solicitud de la medida de coerción, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, plantea que en el caso existen elementos razonables para sostener que tanto Reyes Beltré como Arias Valera, son autores de los hechos ilícitos imputados y que existen fuertes evidencias de que pueden ocultarse, fugarse o ausentarse del país. Aduce que constituye un hecho incontrovertible la traba que supone sobre las investigaciones, la puesta en libertad de los imputados, quienes entienden pueden influir en forma determinante en las diligencias de recolección de pruebas.

Argumenta que Arias Valera y Reyes Beltré, mantienen escondidos los dineros producto de sus actividades ilícitas, muy a pesar de las múltiples diligencias hechas por el ministerio público para su incautación.

Como elementos probatorios, la Procuraduría remitió un CD conteniendo fotografías de un bolso, del fajo de dinero y vídeos de entrada y salida a la Suprema Corte de Justicia de ambos imputados.

Valera y Awilda

De igual modo, las declaraciones de la suspendida magistrada alegadamente admitiendo que recibió dinero para poner en libertad al regidor de Pedro Brand, Erikson de los Santos Solís, acusado de sicariato. Además un informe pericial sobre análisis de experticia caligráfica a los recibos de constancias del dinero fruto de la prevaricación.

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