Santo Domingo. En la República Dominicana persisten brechas de género en el ejercicio de los derechos humanos que limitan el acceso de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones, a tener ingresos justos y a ejercer de forma plena sus derechos sexuales y reproductivos.
Tales limitaciones repercuten en el desarrollo económico sostenible y social del país, y en la consolidación de la democracia representativa y participativa, advierte el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) en un documento presentado en una conferencia de prensa, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El análisis, titulado «Brechas de género: entre el dicho y el hecho de la autonomía de las mujeres en la RD», revisa los principales problemas que resultan de las desigualdades entre hombres y mujeres, con estadísticas actualizadas. Agrupa los avances y retrocesos de la autonomía de la mujer en tres ámbitos: económico, físico (salud y violencia) y en la toma de decisiones.
La presentación del documento estuvo a cargo de Lourdes Contreras y Desirée del Rosario, coordinadora general y coordinadora académica del CEG-INTEC, respectivamente; José Feliz Marrero, vicerrector académico y Elsa Alcántara, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la academia.
Durante el encuentro, Contreras precisó que la política pública en el país debe tener en cuenta las tareas de cuidado culturalmente asignadas a las mujeres, y que exigen de éstas un alto porcentaje de su tiempo diario; un trabajo no pagado.
«Es necesario que el tiempo dedicado a la atención y al cuidado dentro de los hogares sea cuantificado como trabajo que genera riqueza, que forme parte de las cuentas nacionales y por tanto parte del PBI del país», afirmó Contreras.
Ante esta situación, el CEG-INTEC propuso que el Sistema Nacional de Información -SISDOM- disponga como prioridad el levantamiento de una encuesta nacional sobre uso del tiempo de las personas, para lograr conocer información sobre el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado según la condición de género. Esto permitirá disponer datos precisos, orientadores para tomar decisiones de políticas económicas y sociales y en particular para el Sistema de la Seguridad Social, en referencia a sus diferentes regímenes.
Subraya el CEG-INTEC que contar con este tipo de información estadística podrá contribuir de manera decisiva a hacer efectivo el mandato constitucional establecido en su Art. 55 numeral 11 sobre el reconocimiento del “trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.
Economía, cuerpo y decisiones políticas
En cuanto a la autonomía económica y la pobreza, el documento señala que, a pesar de la tendencia a reducción de la proporción de mujeres dominicanas sin ingresos propios, todavía 31 de cada 100 mujeres dependen económicamente de otras personas para su subsistencia. De igual manera, estimaciones de la CEPAL indican que el ingreso promedio de la mujer dominicana representa el 71.1% del ingreso promedio de los hombres a nivel nacional.
Sobre la autonomía física, indica que la mortalidad materna fue proyectada en 2015 a una tasa de 107.7, es decir 30 puntos porcentuales sobre el promedio de la región. La principal causa de muertes maternas se atribuye a razones obstétricas directas (71%) seguida por toxemia (22.5%), hemorragias (15%) y abortos (13%), lo que se relaciona a la penalización del aborto en todos sus causales.
La violencia también es un obstáculo para el desarrollo de las mujeres para una vida plena y de igualdad. A pesar de que se registra un considerable aumento en la cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar, de género y por delitos sexuales (67,187 casos al 2015), llama la atención la baja cantidad de órdenes de protección emitidas (15,093), y en especial los limitados resultados de estas órdenes que en la mayoría de los casos no son efectivas, y alertan a los agresores para evadir la justicia.
Con relación a la autonomía en la toma de decisiones, el centro advierte que – a pesar de que se ha avanzado en la creación de un marco jurídico nacional a favor de la igualdad y la equidad (Artículo 39 de la Constitución, adhesión del Estado dominicano a las Conferencias Mundiales de la Mujer, y regionales de la mujer de CEPAL, las convenciones sobre derechos humanos, objetivos de desarrollo del milenio, entre otros) – existe una amplia brecha en la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones en los distintos poderes del Estado con relación a los hombres.
El documento refiere al fortalecimiento del sujeto social MUJERES como movimiento consciente que reclama ejercicio de derechos y se posiciona frente a las instancias con responsabilidad para la garantía y respeto de los mismos, y a dos retos básicos del Estado dominicano frente a las desigualdades e inequidades de género: 1) el logro de los indicadores de género de la Estrategia Nacional de Desarrollo -END-, en tanto responsabilidad de todas las sectoriales del gobierno central y 2) la adecuación del marco legal de las políticas de género, a fin de mejorar la calidad de la atención a la maternidad libre y segura, la sexualidad sana y placentera y una vida libre de violencia, todo lo cual se halla dentro de la agenda inconclusa en el Congreso Nacional.
