El Gobierno pone vehículos a disposición de la Junta Central Electoral

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Santo Domingo, República Dominicana. El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 158-16, instruyó a los ministros, directores generales y jefes departamentales, poner a disposición de la Junta Central Electoral (JCE) los vehículos propiedad del Estado, a partir de este martes, 10 de mayo.

Esas unidades de transporte deberán de estar en buen Estado, entregados con sus respectivos choferes y con combustible suficiente, a fin de trasladar el material electoral a los distintos puntos del país.

El referido decreto explica que las erogaciones por causa de dietas a favor de los choferes de dichos vehículos serán cubiertas por los departamentos o instituciones a los cuales están asignados.

Establece, además, que este 15 de mayo, cuando se celebran las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, el presidente de la Junta Central Electoral, queda facultado para requerir todos los vehículos propiedad del Estado, de sus instituciones autónomas o semiautónomas, de empresas estatales y de los ayuntamientos que fueren necesarios para trasportar el personal que laborará en las distintas mesas en todo el territorio nacional.

Igualmente deberán prestar su colaboración a la JCE, los administradores de las empresas del Estado y los funcionarios ejecutivos de las entidades autónomas o semiautónomas y los ayuntamientos del país.

No laborable desde el sábado a las 12:00 del mediodía hasta el lunes a las 6:00 a.m.

También en otro decreto, emitido por el presidente Danilo Medina, declara no laborable desde el sábado 14 de mayo, a partir de las 12 del mediodía hasta la 6:00 de la mañana del lunes 16 del presente mes.

Quedan exceptuadas de esa disposición las entidades de servicios públicos, como hospitales, los bomberos, unidades de transporte, guardianes privados y otros similares, los cuales tendrán que realizar sus labores de manera habitual.

Palacio Nacional nuevo

Destaca este decreto, que en tales casos los empleadores y directores de las mismas, deberán adoptar medidas que permitan el ejercicio del derecho al voto de sus trabajadores o empleados.

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