Santo Domingo, República Dominicana. El Senado aprobó ayer la ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados que establece penas de tres a cinco años por el porte ilegal de armas y de 30 a 40 años contra quienes causen muerte con arma ilegal para cometer robo.La iniciativa, que fue aprobada a unanimidad por los 22 senadores presentes, endurece las penas de delitos cometidos con armas de fuego ilegales.

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El artículo 66, referente al sistema de sanciones, especifica que la tenencia ilegal de armas municiones, explosivos y sus accesorios conllevan sanciones que van desde tres a cinco años de prisión.

Establece, además, el decomiso del arma y el pago de 25 a 50 salarios mínimos del sector público y en los casos de personas jurídicas se le establecerá al representante legal una pena de tres a cinco años de prisión y una carta de amonestación con copia al registro, con el que se justificará la cancelación de la licencia de porte o tenencia de armas de fuego.



Indica el periódico El Caribe que La ley establece que cualquier persona física, que le quite la vida a otra para cometer un robo con arma de fuego ilegal, será sancionada con penas que van de 30 a 40 años de prisión. En tanto que si en un robo con arma ilegal se provocan heridas que causen lesiones permanentes, la sanción será de 20 a 30 años, y si las heridas no causan lesiones permanentes las penas oscilarán entre 15 y 20 años de prisión.

De igual modo, se penaliza el secuestro con arma ilegal con prisión de 30 a 40 años. También la asociación de malhechores usando armas ilegales será castigada con penas de 20 a 30 años.

Además, la ley establece que los funcionarios públicos que presten armas a civiles serán castigados con condenas de 10 a 20 años de prisión, y los que asignen armas ilegales a civiles, sin importar las formalidades, serán castigados con penas de tres a cinco años de prisión y la cancelación de sus funciones.

Este proyecto, de la autoría del diputado Víctor Bisonó, había sido aprobado en la Cámara de Diputados, ahora pasará al Poder Ejecutivo para ser observado o promulgado.