Una hija y familiares de la asesinada psicóloga y profesora Yanet E. López Reyes, hermana del periodista Oscar López Reyes, acudirán este miércoles 28 de noviembre ante el Juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal a presentar oposición a la libertad condicional solicitada nuevamente por la sentenciada a 15 años de prisión como autora intelectual del horrendo hecho.
La solicitud de libertad condicional, que es la quinta interpuesta por la interna Rosa Marte y/o Sonia Altagracia Alcántara, será conocida a partir de las 9 de la mañana, por juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, doctor Willys de Jesús Núñez Mejía.
Yanelvin Herrera López, Jorge Ernesto y Oscar López Reyes expondrán en la audiencia a nombre de ellos y sus hermanos Nayet, Miriam, Josefina, Altagracia (Tagó) y Rafael, quienes dijeron que todavía el Ministerio Público no ha investigado 12 misteriosos millones de pesos, resultado de operaciones ilícitas que, en parte, provocaron el horrendo crimen.
Resaltaron que, según consta en el expediente judicial condenatorio, hubo negocios dudosos entre la condenada y el ex esposo de la occisa, Elvin Herrera Martínez, quien ahora, a nombre de la hija menor de la profesora malograda, sospechosamente está pidiendo la libertad de la verdura de su madre.
Dijeron que López Reyes ha sido sometido a un acoso, atacado con agresividad en las distintas audiencias por Herrera Martínez, y que en días recientes una extraña bala rozó la cabeza del periodista y destruyó parcialmente el cristal de la galería de su residencia.
López Reyes manifestó que ha estado a la espera de que la Dirección de Inteligencia Delictiva y la Policía Científica, que tienen a su cargo la investigación, ofrezcan los resultados oficiales de ésta, y dijo que no hará señalamientos hasta tanto los datos policiales escritos estén en su poder.
La hija de la asesinada profesora, Yanelvin Herrera López, ha dicho en una audiencia en el Tribunal de Ejecución de la Pena que sabe que su madre no va a revivir, y que lo único que quiere es que quien le arrancó la vida por lo menos termine de pagar su condena.
Los hermanos de la profesora López Reyes indicaron que los misteriosos 12 millones de pesos, que en parte motivaron el referido asesinado, fue resultado de operaciones ilícitas en los barrios 27 de Febrero, Luperón y Espaillat, que involucran a abogados que participan en el proceso a favor de la reclusa Rosa Marte y/o Sonia Altagracia Alcántara, condenada a 15 años.
En la audiencia anterior de solicitud de libertad condicional, bajo el alegato de que se dedicará a cuidar a dos hijos mayores que residen fuera del país y que fue rechazada por el magistrado Núñez Mejía, la reclusa admitió que desde que obtenga su libertad regresará a Holanda, donde vivió por mucho tiempo.
En la del próximo miércoles expondrán el procurador adjunto Faustino Pulinario Romero y los abogados de la familia López Reyes doctores Naudy Tomás Reyes, Neftalì González y Juan Pablo Ureña, quienes afirman que la interna no está rehabilitada, representa un peligro de fuga y no ha resarcido el daño provocado a la familia y a la sociedad.
Los parientes de la profesora asesinada dijeron que también aguardan otra investigación solicitada a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia sobre la fiscal Awilda Balbuena y el juez Rafael A. Báez, de la provincia Santo Domingo, quienes liberaron al sentenciado a 10 años de prisión Junior Leonel Sánchez (Caco de bala), sin conocimiento de los familiares ni de los abogados de la víctima.
A Rosa Marte y/o Sonia Altagracia Alcántara (tiene dos cédulas) la Suprema Corte de Justicia le ratificó la condena de 15 años de prisión, que cumple en la cárcel de Najayo, por haber ordenado el asesinato, motivada por los celos y la no devolución de 12 misteriosos millones de pesos, por operaciones extrañas no aclaradas aún por las autoridades.
En anteriores audiencias, esta interna fue defendida por los abogados Carlos Balcácer, Carlos Olivares e Ingrid Hidalgo.
Han caído tres de involucrados
En las primeras horas de la tarde del 19 de agosto de 2005, Jonathan Tavarez Portes se hizo pasar por mensajero para ingresar a la residencia de la educadora Yanet Ernesto López Reyes, en la calle 4 Sur número 86 del Ensanche Luperón, donde le disparó mortalmente al tórax, en presencia de sus tres hijos menores de edad, procreados con su esposo, el fiscal adjunto del gobierno de Hipólito Mejía, doctor Elvin Confesor Herrera.
El sicario Tavarez Portes testimonió en un documento rubricado por su defensor público y por él cinco meses antes de morir en forma extraña en la cárcel de La Victoria, que los hoy condenados le facilitaron todos los recursos para cometer el crimen, desde el pago de 200 mil pesos, cinco kilos de cocaína, el uniforme de mensajero que vestía, lentes, gorra, bulto, motor y hasta el arma de fuego.
Junior Leonel Sánchez (Caco de Bala) coordinó todas estas acciones, mientras que Melvin Antonio de la Cruz Batista alquiló su motocicleta y cooperó para la ejecución del macabro crimen. Este luego fue asesinado a tiros.
Una tercera ejecución no ha trascendido a la opinión pública, perteneciente a un grupo de distribuidores de drogas que entonces operaba en los barrios 27 de Febrero, Espaillat y Luperón. A esta también pertenecía Carlos Collares, inculpado por el asesinato del senador Darío Gómez. El primero fue asesinado en la prisión.
Igualmente, el alto tribunal ratificó condenas a 5 años de prisión para Orlin Deyanira Vásquez y Ariel Antonio Paulino Guerrero, quienes purgaron sus penas.
Los acusados fueron descubiertos a través del rastreo e intervención legal de llamadas telefónicas, de labores de inteligencia y el testimonio de algunas personas.
Desde el primer momento, el esposo de la víctima, el ex fiscal adjunto Elvin Herrera Martínez, fue interrogado por agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, en vista de que había sido amenazado en varias oportunidades, y posteriormente desconocidos le incendiaron su yipeta, y luego fue tiroteado.
Yanet López Reyes se graduó con notas sobresalientes de licenciada en psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y se especializó en psicología escolar y clínica. Fue orientadora y profesora en varios centros de estudios públicos y privados de Santo Domingo.
15 años es muy poco. Deberían dejarla encerrada de por vida, lástima que el sistema judicial de nuestro país esté tan lleno de deficiencias.