Arranca juicio a sobrinos de primera dama de Venezuela por narcotráfico

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Nueva York. ¿Unos “estúpidos” y “novatos” que intentaban ganar millones sin entender nada del narcotráfico y cayeron en una trampa de la DEA, o unos jóvenes poderosos que se creían impunes para enviar casi una tonelada de cocaína a Estados Unidos?

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Con estos argumentos de los abogados defensores y la fiscalía comenzó el lunes en Nueva York el juicio a los dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro.

Los primos Efraín Antonio Campo Flores, 30 años, y Franqui Francisco Flores de Freitas, 31, están acusados de conspirar para traficar y distribuir 800 kg de cocaína a Estados Unidos.

Fueron detenidos en Haití en noviembre del año pasado por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York, donde han permanecido casi un año en prisión.

 ¿Superpoderosos? 

En el primer día del juicio, al presentar sus argumentos frente a los 16 jurados en una corte federal del sur de Manhattan, el fiscal Emil Bové dijo que los jóvenes -hijos de hermanos de Cilia Flores- son culpables y se creían hiperpoderosos por estar cerca de Maduro.

“Son los sobrinos de la primera dama venezolana. Creían que eran tan poderosos que podían trasladar casi una tonelada de cocaína de un aeropuerto a otro sin ser detenidos (…). Fueron agarrados con las manos en la masa”, dijo Bové.

El fiscal destacó el “entusiasmo” con el negocio planeado que los dos mostraban en grabaciones con los informantes, en reuniones en Honduras, Venezuela y Haití, cómo se jactaban de controlar los aeropuertos de su país, y el hecho de que en uno de los videos filmados secretamente en Caracas por los informantes de la DEA Campo Flores lleva un bloque de supuesta cocaína y lo levanta para mostrar su pureza.

Una trampa

Los abogados de los acusados aseguraron, no obstante, que sus clientes son víctimas de una trampa tramada por la DEA y el gobierno estadounidense. “Fue una operación encubierta, un escenario creado para atraparlos. Nunca les encontraron drogas reales”, dijo John Zach, defensor de Campo Flores.

“La conexión política va al corazón de esta operación”, los perseguían “con entusiasmo por ser quiénes son, y por el país al que pertenecen”, dijo Michael Mann, abogado de Flores de Freitas.

Los jóvenes sí conversaron con tres supuestos narcos que eran informantes de la DEA, pensando que podrían ganar hasta 20 millones de dólares a cambio de hacer nada, de tan “estúpidos”, “novatos” e “inexperientes” que son, dijeron ambos defensores.

“No es un secreto que el gobierno de Venezuela está enfrentado a Estados Unidos. Efraín no es el barón de la droga que el gobierno nos quiere hacer creer (…). No tiene una posición en el gobierno venezolano. No vive en la Casa Blanca venezolana”, sostuvo Zach.

“Hubo un puñado de decisiones estúpidas, estúpidas de mi cliente y su primo que no equivalen a una conspiración criminal (…). Efraín y Franqui eran demasiado estúpidos y demasiado inexperientes” para darse cuenta de que esto era una trampa, y “nunca hubieran podido producir 800 kg de cocaína”, añadió.

Según el abogado, los informantes recibieron casi dos millones de dólares del gobierno estadounidense por obtener evidencia contra los venezolanos.

Mann atacó duramente su credibilidad. Dijo que los dos, que se hicieron pasar por jefes del cártel mexicano de Sinaloa -un padre y su hijo- son unos “grandes mentirosos” que mientras tramaban cómo engañar a sus clientes se involucraban ellos mismos en operaciones de narcotráfico en Venezuela, por las cuales fueron declarados culpables hace unos meses.

También dijo que estos dos informantes “corruptos” y otro con el cual los sobrinos se reunieron en Honduras grababan o no evidencia a su conveniencia, y destruían evidencia si eso les favorecía.

Cuestionó asimismo la confesión de ambos jóvenes a un solo agente de la DEA que hablaba en español en el avión que los trasladó de Haití a Nueva York tras su arresto, y que no fue filmada aunque el agente hubiera podido hacerlo con su teléfono.

Los acusados, por primera vez vistiendo trajes civiles, permanecieron en silencio mientras escuchaban la traducción simultánea del inglés al español. La máxima pena por sus delitos es la cadena perpetua.

El juicio se extenderá por unos diez días, y tendrá como testigos a los informantes de la DEA que se reunieron con los dos venezolanos, entre otros.

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