En Ecuador la homosexualidad es una “enfermedad que puede curarse”, o al menos eso es lo que prometen clínicas ilegales que aceptan a jóvenes, normalmente internados a la fuerza por sus padres, según autoridades y colectivos de gays.
Ese fue el caso de Ana, quien no quiso dar su nombre real, una joven de 21 años cuya madre la ingresó en una clínica porque es lesbiana, con la esperanza de que expertos lograran cambiar su tendencia sexual y dejara a su novia, Marta, de 23 años, quien también pidió no revelar su identidad.
Su caso no es único, la Directora General de Salud de Ecuador, Carmen Laspina, indicó a Efe haber recibido denuncias de personas homosexuales “que las han secuestrado” y llevado a ese tipo de clínicas.
La Fundación Equidad y Género, una organización no gubernamental, tiene anualmente cerca de 15 denuncias de personas que han sido internadas contra su voluntad en alguno de estos centros, donde son “víctimas de maltratos”, como tratamientos con “electricidad o la privacidad de comida y descanso”, según su portavoz, Efraín Soria.
En este sentido, Laspina subrayó que en estos centros a veces se usan métodos violentos, como demuestra el caso de “una chica lesbiana que fue violada, además de gays o travestis que les cortaron el pelo o les extrajeron líquido de las prótesis de sus senos».
La práctica violenta en estas clínicas es algo normal, pero por suerte no fue así con Ana, quien relató que en el centro se levantaba cada día a las siete de la mañana, aseaba la casa y se pasaba la mayor parte de la jornada “sin hacer nada».
“No hacíamos ninguna terapia y el psicólogo sólo venía dos veces a la semana, pero rezábamos cada día”, manifestó la joven, quien espetó que “por suerte” la clínica “era muy poco seria” y no la trataron con violencia.
La Constitución ecuatoriana, aprobada en el 2008, es la primera en la historia de este país que reconoce los derechos de los homosexuales, por lo que Laspina enfatizó que estas clínicas están “fuera de la ley, de los derechos humanos y de la Constitución».
La Directora General explicó que las clínicas se esconden tras centros de drogodependencia, que para el Estado es difícil controlar porque son privados.
El ministerio cree que el problema es mayor de lo que refleja el número de quejas que recibe, porque normalmente “son los padres quienes ingresan a sus propios hijos” y ellos no quieren denunciar a sus progenitores, según Laspina.
Este es precisamente el caso de Ana. Marta consiguió que la Fiscalía dictara medidas cautelares que impiden a la madre de Ana acercarse a ella, pero la víctima no quiso denunciar a su progenitora, quien podría ir hasta la cárcel por secuestro.
Ana recuerda con dolor que, hace unos meses, una mañana su madre le dio algo “amargo de beber” y le “empezó a entrar sueño».
“De repente entraron cinco personas a casa, dos hombres y tres mujeres, que me dijeron que eran de la Interpol”, aseveró.
Le comunicaron que venían a buscarla porque tenían fotos de ella y de su novio vendiendo droga, pero Ana no tenía una relación sentimental con ningún hombre, sino con una mujer.
“Fuera no había ninguna unidad de la entidad, había un taxi y todos iban con camisas blancas, sabía que me estaban capturando por mi orientación sexual”, resaltó la joven.
Llevaron a Ana a una clínica, donde le reconocieron que su madre la había ingresado por ser lesbiana. Allí no había ninguna chica más como ella, las otras internas tenían problemas con las drogas o el alcohol.
Al segundo día, logró llamar a escondidas a Marta, quien a partir de entonces empezó una lucha en todas las instituciones judiciales y al cabo de un mes consiguió sacar a Ana del centro.
Le costó mucho porque “la discriminación estaba en todos lados”, pues no les querían ayudar por “ser lesbianas”, afirmó Marta.
Laspina resaltó que en Ecuador aún se tiene que trabajar mucho en todas las instituciones “para que se respeten los derechos humanos» y “para que exista una tolerancia a la diferencia”, incluso en el seno de la propia familia.
Fuente:Impre.com
