Pese a que la República Dominicana ha registrado desde hace cuarenta años un crecimiento sostenido de 5.5% de 1970 al 2008, ampliamente superior al promedio regional (3.5%), “la economía dominicana sigue siendo vulnerable y sus fundamentos la conducen más a estimular el consumo que a anticipar las innovaciones y las necesidades de educación a largo plazo”, expresa el “Informe Attali”, puesto a circular este viernes en el Palacio Nacional.
La ceremonia, celebrada en el salón Verde, en la tercera planta, fue encabezada por el Presidente Leonel y contó con la presencia del autor del informe, el experto francés Jacques Attali, que fue presentado por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás.
“República Dominicana 2010-2020, Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Económico de la República Dominicana”, mejor conocido como el “Informe Attali”, sostiene que un factor determinante para este crecimiento ha sido “la estabilidad política del país a partir de la segunda parte de la década del setenta”, lo que “se evidenció a través de un turismo floreciente y un fuerte incremento en las exportaciones hacia el mercado norteamericano”.
Al examinar las vulnerabilidades, el Informe preparado por 12 expertos liderados por el economista francés Jacques Attali las identifica en “la dependencia con respecto al mercado de Estados Unidos, una industria nacional que no responde la demanda interna e importa masivamente, una situación eléctrica catastrófica y un fraude muy importante, son algunos de los tantos factores que afectan la economía”.
Agrega que ellos son los responsables del deterioro del crecimiento “durante crisis mundiales pasadas (burbuja de las empresas de Internet de 2000, crisis bancaria de 2003 y subprime de 2008)”.
“Hoy, si la comparación en el seno del Caribe todavía favorece a la República Dominicana, el balance es más preocupante. Con un Estado endeudado y sin gran margen de maniobra fiscal, una sociedad poco educada y aún no preparada para el futuro, el país se arriesga, si no se hace nada, a no tener una segunda oportunidad”, apunta el informe.
Sostiene que el riesgo es mayor “cuando el cuerpo social no ha aprovechado el impulso económico: con un desempleo endémico, un mercado informal considerable, una política de salud pública poco eficaz, y una criminalidad en aumento, el pueblo dominicano tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al individualismo social (el “no pago”) y a la desconfianza en las instituciones nacionales”.
El Informe Attali dice que más de la mitad de los empresarios denuncian la dificultad de acceso al crédito como freno para el desarrollo de sus actividades, “sin embargo los bancos alcanzan a obtener márgenes superiores al 20%, a través de créditos de consumo: tales préstamos parecen más fáciles de lograr que un financiamiento de proyecto empresarial”.
Manifiesta que el sector bancario “está muy concentrado, ya que los seis bancos más grandes poseen 70% de los activos”, mientras que el Banco Central, “en función de una interpretación laxista de la Ley Monetaria y Financiera
(LMF) de 2002, trata numerosas transacciones directamente con el público y no por intermedio de instituciones financieras, colocando a estas últimas en situación de competencia frente al organismo emisor”.
Aclarar el rol y la acción del Banco Central
El Informe propone redefinir el rol y el ámbito de acción del Banco Central de la República Dominicana para que deje las actuales competencias de recoger y emitir estadísticas, por un lado, y mantener bienes raíces que no están relacionados con su actividad principal.
Señala que en el pasado fue “el órgano fuerte del país en materia de política económica”, lo que implicó que, entre otros, lanzara “las primeras inversiones turísticas” y fundó y dirigió el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico (FIDE).
Expresa que el Banco Central posee todavía 10 millones de metros cuadrados no construidos en las playas de Puerto Plata y proporciona la mayor parte de las estadísticas nacionales, aunque existe la Oficina Nacional de Estadísticas.
“Sin embargo, diversas publicaciones ponen en duda las cifras publicadas y, por tanto, la independencia de las publicaciones del Banco Central”, apunta el Informe Attali, que cita a la Unidad de Inteligencia de The Economist, la que en su informe de agosto de 2010, señala, sobre las cifras del PIB: “Nuestras previsiones están basadas en la metodología de PIB del BCRD, que ha estado bajo cuestionamiento y puede exagerar los niveles de actividad económica”.
Expone que las principales críticas a la certeza de las cifras del Banco Central van dirigidas a la parte del sector de las telecomunicaciones, “que representa cerca del 20% del PIB, a pesar de que este sector apenas sobrepasa el 5% del PIB en todos los demás países de América Latina”.
En concreto, el Informe Attali propone “vender los bienes raíces del Banco Central de la República Dominicana no relacionados a su actividad principal” y que se modifique su ley orgánica “para derogar la función de publicación de las estadísticas oficiales, transfiriendo los recursos técnicos a la Oficina Nacional de Estadísticas”.
El “Informe Attali” es un estudio detallado de la realidad socioeconómica del país y un plan de largo plazo preparado por Jacques Attali, destacado economista francés nacido en Argelia, quien lideró un equipo de expertos extranjeros y una comisión dominicana que analizaron y redactaron el informe que constituye un insumo básico de la Estrategia Nacional de Desarrollo pendiente de aprobación en el Congreso Nacional.
La primera de las 77 propuestas concretas es “colocar a las mujeres en el centro del desarrollo del país” y para lograrlo propone luchar contra los embarazos de adolescentes y “establecer la paridad hombres y mujeres en funciones electivas y en los consejos de administración”, entre otras.
La tercera propuesta sugiere aprobar una ley que modifique el sistema de financiamiento a los partidos políticos para hacerlo más transparente, y en específico plantea “elaborar una nueva ley que prohíba las donaciones procedentes de personas jurídicas, que limite las donaciones de personas físicas a 6,000 dólares y que obligue a publicar los nombres de los donantes”.
Eliminar el barrilito
El “Informe Attali” considera necesario que se elimine la práctica de asignar fondos a legisladores para prestación de servicios y en cambio propone que éstos solo utilicen dinero público para “permitir un diálogo a nivel local”, pero se debe “delimitar el uso de este presupuesto para evitar cualquier forma de clientelismo”.
Propone “elaborar una nueva ley que limite la utilización de recursos públicos al mantenimiento de una oficina local para permitir los encuentros ciudadanos”, lo que debe complementarse con “realizar sistemáticamente un control por la Cámara de Cuentas, que debe ser público, sobre la utilización del presupuesto de cada senador”.
Reforzar la prensa
Con la propuesta 7, el estudio plantea que debe reforzarse la labor de la prensa y facilitar el libre acceso a la información pública, tras considerar que “la lucha contra la corrupción y el control de la acción gubernamental no puede ser eficaz sin una fuerte presión de la opinión pública”.
Para garantizar el cumplimiento de esa meta, el Informe Attali propone despenalizar los delitos de prensa, salvo la difamación, así como garantizar por ley el secreto de las fuentes y “prohibir la posibilidad de que el Estado emplee periodistas contratados, creando departamentos de prensa internos que empleen periodistas permanentes”.
Reducción de personal burocrático
Un aspecto clave del Informe se recoge en la propuesta 8, en la que sugiere “limitar el número y el tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general mediante una ley orgánica”.
En concreto, pide elaborar una ley orgánica que establezca que “el número de viceministros de cada ministerio deberá mantenerse dentro del promedio de los países de la región; o sea, no más de cinco por Ministerio”.
Enfrentar la crisis en el sistema eléctrico
Para abordar la crisis en el suministro de electricidad, el Informe combina la necesidad de “racionalizar el número de empleados de las empresas de distribución de electricidad”, con la independencia de la Superintendencia de Electricidad y una mejora en su eficacia.
Igualmente, propone “dar el ejemplo garantizando que toda la administración pública paga la electricidad”, pues “muchas entidades públicas no pagan su consumo, lo que aumenta la sensación de injusticia de los usuarios que pagan una tarifa tres veces más cara que en otros países, y confirma que los defraudadores tienen razón”.
Entregar 4% a educación
En materia de educación, el Informe Attali sugiere “elevar el presupuesto de la educación a 4% del PIB para la primaria y la secundaria, y 1% para la educación superior”, porque ese porcentaje “es considerado por los expertos internacionales como lo mínimo para garantizar una educación de calidad”.
Otras propuestas incluyen crear un Banco de Desarrollo que estimule el microcrédito, mejorar la oferta turística, irrumpir en el escenario internacional con una oferta de mejor calidad para atraer el turismo de lujo, mejorar la efectividad del cobro de impuestos, organizar el catastro y el planeamiento urbanístico, y defender el medio ambiente y los recursos naturales.
Los miembros de la Comisión que junto a Attali analizaron la situación nacional para redactar el informe los expertos extranjeros Cyrille Arnould, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stubbe e Ian Whitman, quienes trabajaron junto a dominicanos, Rafael (Pepe) Abreu, Rosa Rita Álvarez, Carlos Asilis, José Luis Corripio y Eduardo Jorge Prats.
Todos se reunieron en Santo Domingo en comisión entre el 8 y el 12 de octubre de 2010.
Esta Comisión fundamentó su labor en un estudio durante el cual se entrevistaron a más de cien responsables dominicanos y extranjeros, procedentes de organizaciones públicas, privadas e internacionales.
También estudiaron numerosos informes precisos sobre la República Dominicana.
Fuente: PanoramaDiario.com
