Más de un 53 por ciento de las instituciones estatales del país no cumplen correctamente con la ley de Libre Acceso a la Información Pública, denunció este miércoles Participación Ciudadana.
El dato está contenido en un informe de la entidad, que tomó como muestra un estudio realizado a 82 instituciones, en las cuales se evidenció que 44 de ellas obtuvieron calificaciones por debajo de los 70 puntos, equivalente al 53.7%.
Samir Chami Isa, coordinador de la entidad, señaló que de ese porcentaje, casi el 38% de las instituciones obtuvieron menos de 50 puntos. Agregó que sólo 28 de las entidades, equivalentes al 34.2% del total evaluado, se ubican en las categorías A y B, al lograr una calificación entre 80 y 100 puntos.
Entre las dependencias estatales que cumplen de manera escasa y deficiente la Ley 200-04 están: el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Dirección General de Migración, Idecoop, Dirección General de Bienes Nacionales, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Superintendencia de Seguros y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que obtuvieron puntuaciones de 12 a 20 puntos, de una evaluación de 100.
En tanto, con las mejores calificaciones están: Salud Pública, Dirección General de Impuestos Internos, ARS-Senasa, Superintendencia de Pensiones, Ministerio de la Mujer, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Educación, Dirección General de Contrataciones Públicas y la Procuraduría General de la República, con puntuaciones de entre 96 y 100 puntos.
El 5to Informe de Monitoreo a la Aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No 200-04, señala que entre las dependencias investigadas habían 20 ministerios, 21 direcciones generales, 24 instituciones descentralizadas y 17 organismos adscritos y especializados, seleccionados tomando en cuenta sus funciones y recursos manejados.
Participación Ciudadana explicó que se verificó sí estas instituciones disponen de Oficinas de Acceso a la Información (OAI); funcionarios responsables de Acceso a la Información (RAI) y calidad de la información disponible en sus portales electrónicos.
También grado de cumplimiento a las solicitudes de información hechas por organizaciones o ciudadanos particulares; actualización de datos sobre presupuestos y ejecuciones; convocatorias y resultados de concursos y licitaciones para compras y contrataciones; detalles de las nóminas; declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios obligados, y otros de similar naturaleza.
Fuente:ElCaribeCDN.com
