Hasta ayer tarde, no había ninguna indicación clara de cómo las autoridades de la República Dominicana (DR) reaccionarían a un plazo de 48 horas propuesto por el Gobierno de Jamaica el viernes por la liberación de un cargamento de cemento de Jamaica valorados en unos 250.000 dólares EE.UU.
El ministro de Industria, Inversión y Comercio Karl Samuda emitió la línea de tiempo para la carga en un esfuerzo por poner fin a un enfrentamiento entre los productores de cemento en la República Dominicana y el Caribe con sede en Kingston Cement Company Limited (CCCL), que comenzó a vender su producto a la país de habla española el mes pasado.
«Lo que hemos estado presenciando en los últimos 15 días es un caso clásico de la aplicación de barreras no arancelarias dentro de la región», dijo Samuda en una conferencia de prensa en su oficina.
El Ministro expreso que este es un caso clásico de la aplicación de barreras no arancelarias, dijo que de no ser liberado en el plazo expresado, utilizara las medidas a su alcance para proteger a la industria cementera de su país, no entro en detalles sobre los pasos a seguir, pero si dijo que podrían ser muy drásticos.
Además, sostuvo que el cuerpo DR normas, DIGENOR, había ensayado el producto y estaba convencido de que el cemento se había reunido todos los requisitos de integridad y calidad, la emisión de un certificado de conformidad como resultado.
Samuda dijo que no dudaría en usar la autoridad que da su oficina para proteger los intereses de los productores de Jamaica, cuya actividad es legítima y honesta. «En estas circunstancias, hemos encontrado que CCCL ha cumplido con todos los requisitos necesarios para exportar sus productos a la República Dominicana, y de hecho, en ningún otro lugar», afirmó Samuda.
Reglamento de violación
El ministro respondió así a una carta del DPAPC mantener que el cemento de Jamaica entró en el país en violación de varios reglamentos y procedimientos necesarios para la producción, importación y comercialización del producto.
Alegó que DIGENOR ignorado las normas del país importador por la que se autoriza la entrada del producto, y que lo hizo con autoridad que no tenía.
La asociación afirma que una de las violaciones se destaca por el comercio del producto sin la licencia adecuada, y las acusaciones de que DIGENOR concedido una certificación ilegal.
La asociación afirma que Carib Cement utiliza la República Dominicana sello de calidad, impreso en las bolsas de cemento importado, sin ninguna evaluación previa y la aprobación de la Comisión Nacional de Normas y Sistemas.
En su carta, el DPAPC dice que no está en contra de la competencia en su mercado local, pero insiste en que la competencia debe estar dentro de los lineamientos del Estado de Derecho.
