La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sometió ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) a un miembro de esa organización que estafó a una mujer con US$75 mil utilizando el nombre del mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la agencia, y el de un fiscal adjunto del Distrito Nacional, con la promesa de que le serían devueltos 27 vehículos retenidos.
La querella contra el licenciado Juan Carlos Acosta Pérez está suscrita por el mayor general Rosado Mateo, acción que coincide con otra interpuesta ante la misma instancia del CARD por la señora Mayra Ivelisse Cordero Peguero, la dama timada con la alta suma.
Sus parientesimplicados en el caso de supuesto lavado de activos, fueron identificados como Roberto Antonio Ortiz Cordero y Roy Francisco Sánchez Zamora, presuntos dueños de dos dealers ubicados en Santo Domingo Oriental.
Consultado sobre la iniciativa legal, el vocero de la DNCD, Roberto Lebrón, se limitó a confirmar el dato, sin entrar en detalles.
“Está en marcha una acción contra ese abogado, pero no puedo ofrecer detalles al respecto, porque a penas tengo unas horas en el puesto, pero el sometimiento se produjo” por haber usado el nombre del mayor general Rosado Mateo para extorsionar a una ciudadana, dijo Lebrón, consultado por teléfono.
Cordero Peguero, junto a Francisca Pérez Gómez, contrató los servicios de Acosta Pérez y le entregó la alta suma para iniciar las supuestas diligencias para recuperar los 27 vehículos bajo custodia del Ministerio Público. El abogado habría utilizado para cometer su estafa el nombre del fiscal adjunto Isidro Vásquez Peña, de acuerdo al documento depositado por la DNCD en el CARD.
La acción legal está amparada en las reglas éticas que debe observar un abogado, a partir de los principios deontológicos a que debe acogerse un profesional sobre la materia. “Los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del derecho son: la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad”, se lee en el artículo primero del Código de Etica del Abogado.
La DNCD decidió actuar contra Acosta Pérez después de recibir una queja de la señora Cordero Peguero en torno a que habría entregado la alta suma a la citada persona con el compromiso de hacer posible la devolución de los vehículos. Y luego, según la querella de Cordero Peguero, el profesional del derecho visitaba a los imputados a sus celdas de la cárcel de La Victoria para exigirle RD$2,400,000 adicionales parta trabajar.
Se estableció que el CARD inició las investigaciones de lugar, por intermedio del fiscal de su Tribunal Disciplinario, presidido por el licenciado Pedro Domínguez Brito, a los fines de valorar los requerimientos hechos contra el sometido, entre ellos el invalidarlo de manera perpetua para ejercer la profesión de abogado. El sometimiento fue hecho el 11 del mes de mayo en curso.
Está libre bajo fianza
Acosta Pérez fue detenido a finales de diciembre de 2009 por mandato de la Fiscalía del Distrito por alegadamente haberse apoderado de un lujoso apartamento propiedad del narcotraficante José David Figueroa Agosto, pero fue liberado luego mediante garantía económica (fianza) en el Juzgado de Atención Permanente, presidido en esa oportunidad por el magistrado José Alejandro Vargas.
El inmueble está ubicado en la Avenida Bolívar, en el sector La Esperilla, donde precisamente estaba el profesional del derecho al momento de su arresto el 28 de diciembre por instrucciones del fiscal Alejandro Moscoso Segarra. No fue posible determinar a qué nivel está el expediente en el Séptimo Juzgado de la Instrucción, pero en el CARD se explicó que las investigaciones están avanzadas.
