Santo Domingo. La Procuraduría General de la República, junto al Ministerio de la Mujer y la Suprema Corte de Justicia, iniciaron el seminario “Reflexiones sobre la Ley 24-97”.
La actividad servirá para revisar y discutir los instrumentos legales a los fines de elaborar una propuesta que contribuya a que las mujeres víctimas de violencia dispongan de un marco legal que proteja sus derechos.
La normativa legal será elaborada tomando en cuenta la experiencia de la atención de ese delito en los últimos diez años y los mandamientos de la nueva Constitución de la República.
Los temas son analizados en cuatro mesas de trabajo y abarcan los aspectos, reinserción de víctimas, prevención, atención y sanción.
El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; la procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, y el embajador de España en el país, Diego Bermejo, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar los programas educativos y de sensibilización en ese sentido, así como los instrumentos de protección de las víctimas a nivel social y jurídico.
En la apertura del evento, la procuradora de la Mujer del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Wanda Vásquez, pronunció la conferencia “Reflexiones sobre la Ley 54-97, denominada Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica”.
Dentro del plan de trabajo institucional el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, ha dispuesto especial atención a las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales y ha declarado cero tolerancia para esos casos.
El evento es financiado por la Ayuda Oficial para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia (Plan Internacional) y cuenta con la participación del Despacho de la Primera Dama, la Embajada de España en República Dominicana, la UNFPA, el Ministerio de Salud Pública, PROFAMILIA, el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el Movimiento de Acción por una Vida sin Violencia, la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) y el Comisionado de Justicia.
