La Coalición Educación Digna fija posición en cuanto al incremento anunciado por algunas asociaciones de colegios privados, por considerar que la educación es un derecho consignado en el artículo 63 de la Constitución que: “tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. Por tanto, en ninguno de los casos este derecho está concebido como un medio para producir capital orientado a las empresas, sino como una herramienta fundamental para la formación del ser humano desde una perspectiva integral. Lo que Hostos planteaba como «una escuela que haga hombres para la humanidad, no que enseñe a vivir de lo aprendido».
La educación, sea pública o privada, debe mantener un apego constante y continuo a los planteamientos establecidos en el sistema legal vigente, apegado al rol de rectoría que se ejerce desde el Ministerio de Educación, quien es el único responsable de mantener la visión educativa presente en las leyes y la constitución dominicana.
Plantear el incremento, excesivo desde nuestra perspectiva, de un 30% del pago de la matrícula que se anuncia a la prensa, es un evento que viola lo previsto en la Ley 86-00, la cual establece al Consejo Nacional de Educación (CNE), entidad compuesta por representantes del Ministerio de Educación, de otros Ministerios, los gremios, empresarios, colegios privados, asociaciones de padres entre otros, como el único con potestad de establecer las tarifas a los centros privados. Pero también es extemporánea la sugerencia de establecer un nuevo órgano descentralizado para ejercer la rectoría del sistema educativo, cuando se cuenta con el CNE que tiene una representación de los diferentes sectores de la vida nacional involucrados en la cuestión educativa.
El ejercicio privado cuando interviene en la gestión de derechos, tiene necesariamente que apegarse a lo que es: un servicio, y aunque se administre desde el ámbito privado, se trata de un derecho universal, que no se comprende como acción comercial y que bajo ninguna circunstancia debe tratarse con las mimas reglas del comercio. La educación no es un producto, la educación es un derecho.
El encarecimiento de la matrícula anunciado por algunas asociaciones de colegios privados afecta a las clases media y alta, pero también afecta a los sectores más vulnerables. La ausencia de una política de expansión y mejoramiento de la educación trajo como consecuencia el deterioro de la calidad de la educación pública, marcada por el abandono de la clase media, dando paso a un proceso de privatización de la educación. Ha sido la ineficiencia de la inversión pública la causante del alto peso del sector privado en la educación.
Actualmente cerca del 36% de los centros educativos a nivel global corresponden al sector privado, atendiendo el 25% de la población estudiantil. Pero en el nivel inicial casi el 60% de los estudiantes están insertos en el sector privado. En zonas urbano-marginales, el 54% de los centros educativos son privados. El gasto en educación en los quintiles más vulnerables llega a ser hasta de un 20% del total de sus gastos. Un caso que refleja los elevados niveles de privatización de la educación lo es la Región Ozama en donde casi el 67% de los centros educativos para el año escolar 2008-2009 son privados y cubren apenas el 39% de la matrícula. Mientras el 29.40% de los centros educativos públicos cubren el 57%
Es por esto que el hecho de que el sector privado quiera plantear un aumento de la magnitud propuesta en el costo de su matrícula, cobra un impacto importante no solo en los sectores medios sino en sectores vulnerables. Y es vital que el gobierno tome las riendas en este punto puesto que la educación es un derecho y no un bien comercial.
La CED exige que prime en este momento el cumplimiento de la ley 86-00, en cuanto a que el único autorizado a aprobar aumentos es el Consejo Nacional de Educación. Y también exige el cumplimiento del 4% para la educación preuniversitaria a fin de que el Estado pueda garantizar una educación universal, pública y gratuita en todos los sectores y niveles, con elevados niveles de calidad de manera que los intereses privados no sigan jugando con los derechos ciudadanos y que por fin la educación deje de ser un bien caro que está profundizando las brechas entre ciudadanos-as.
Nota de prensa
