Cárcel Najayo Hombres.-La presunción de inocencia es un principio legal de origen centenario. Del mismo se desprenden las garantías procesales que asisten en su paso por los tribunales a todo imputado. Aquello de que nadie puede ser condenado, por tanto se le presume inocente, hasta que se establezca su responsabilidad penal «mas allá de toda duda razonable» forma parte del imaginario colectivo de todos los estados más o menos democráticamente organizados.
Las garantías procesales son una conquista del ciudadano común. Protegen, a todos, contra las fabricaciones, manipulaciones y persecuciones. Del mismo modo obliga a los que presentan la acusación (policías, fiscales y demandantes en general) a hacerlo de tal forma en que la santidad de la justicia sea respetada. Sin caprichos, sin abusos y con calidad técnica. Idealmente, allana el camino para un juicio justo donde el factor determinante y definitorio sea precisamente el peso de la prueba. Un proceso limpio, equilibrado y solido desde el punto de vista técnico ha sido, es y será la única garantía de verdadera justicia a la que puede aspirar una sociedad organizada. Cualquier otro tipo de justicia es más ruleta que otra cosa y es de conocimiento general que el único que gana en casinos es el que controla la mesa.
La combinación de una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía en sus instituciones, la falta de seguridad del ciudadano común y la respuesta oficial, que por lo general procura «entretener» los reclamos del colectivo amenaza el espíritu original de la garantía procesal. Por alguna razón que no presumo entender del todo, parecería como que nos estamos dando el lujo de creer que las garantías procesales son enemigas del interés social general, obstáculos al buen vivir al que el dominicano entendiblemente aspira.
Nótese que mientras los políticos, policías, fiscales y hasta jueces históricamente han sabido defender sus labores frente a los clamores públicos, lo mismo no ha ocurrido con el ciudadano común. Y es para este último, el que deberá enfrentar la fuerza del estado como individuo que precisamente se han diseñado y establecido las garantías procesales. El poderoso, el que está arriba, el que irónicamente tiene acceso privilegiado ante los medios para promover sus preocupaciones, no necesita garantías. Las garantías están para los que caen, o hacen caer, para el que no se puede defender muy bien. No están para defender delincuentes, sino para garantizar que solo los delincuentes sean castigados. Y que las penas que hayan provocado a otros y a sí mismos, no sean simples monumentos al dolor, sino ocasión de corrección y crecimiento para el bien de la sociedad en general.
Que no quepa dudas, yo defiendo el derecho de todo ciudadano a interesarse en cómo, a quién y para qué actúa la justicia. Las mayorías nos sentimos lastimadas, hay razones de mas para reclamar, quitar y poner. Lo que no podemos hacer es empezar por destruir nuestras garantías básicas. Al hacerlo nos castigamos nosotros, nos hacemos vulnerables nosotros, precisamente los que ya no tenemos mucho más que sacrificar.
Por Sor Maria Mesens
