Sobre llovido, mojado. Mientras el gobierno de EU trata de responder al fiasco del oeprativo ‘Rápido y Furioso’, por el cual se posibilitó la llegada de armas a los carteles de la droga de México, otro operativo similar dejó salir armamento a algunas de las pandillas más violentas en América Central, Colombia y Puerto Rico según se desprende de informes de varios medios.
El operativo ideado por el buró de Armas, Alcohol y Tabaco de EU (ATF por sus siglas en inglés), llamado ‘Operation Castaway’, posibilitó que unas 1,000 armas terminaran en manos de pandillas como la Mara Salvatrucha en Honduras.
De acuerdo a un informe publicado por The Examiner, la operación se manejó desde Tampa, Florida.
‘Virginia O’Brien, agente especial del ATF en Tampa, manejó una investigación del movimiento de armas que estaba llevando armas a Honduras usando las técnicas y las tácticas idénticas a Fast and Furious’, según reportó The Examiner.
Mientras tanto, la presión está aumentando en Washington en el Departamento de Justicia para que explique estos operativos que permiten armar a estas pandillas y carteles.
Legisladores como Darrell Isa y Chuck Grassley de Iowa, quieren respuestas claras sobre estos cuestionados operativos.
Para los analistas, no obstante, estos operativos son cuestionables.
‘Pueden ser programas con buenas intenciones pero los resultados son más que cuestionables. En el caso de ‘Fast and Furious’ sabemos que un agente norteamericano fue asesinado prácticamente con armas apropiadas a través de este programa’, dijo a Univision.com Robert Macaulay, un experto en política y cuestiones de gobierno.
‘Están tratando de meter armas marcadas para seguirle los rastros a los traficantes y dar con ellos. La idea es aguantar un poquito los daños colaterales para la gran meta final de detener a los traficantes. El fin justifica los medios. Pero esto es peligroso cuando se trata de vidas humanas. No están poniendo fichas electrónicas en la gente, están mandando armas con estos chips, pero estas armas están siendo usadas para matar gente’, añadió Macaulay.
A juicio de Macaulay, las bandas criminales son muy poderosas y siempre estarán en condiciones de comprar armamento a quien se les plazca.
‘Pensando fríamente se podría decir que estos criminales van a tener armas de cualquier manera y es mejor que tengan armas que están registradas con nosotros para poder seguirlos y vigilarlos y eventualmente darles un fuerte golpe’, dijo.
‘Pero hay más muertos a corto plazo. Y esto me pone incómodo, el hecho de darle armas a esta gente, a estos asesinos. Se puede decir que esta gente tiene tanta plata que si no las compran con nosotros las comprarán a otra gente. Es algo que parece que no tenía mucha supervisación. Todo esto es lamentable’, finalizó.
Legisladores quieren respuestas
Siguiendo con ‘Rápido y Furioso’, dos líderes republicanos del Congreso de Estados Unidos acusaron días pasados al Departamento de Justicia de bloquear datos y ocultar documentos, incluso con la «pista decisiva», sobre el fallido operativo, que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009.
En una carta enviada al secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el senador Charles Grassley y el representante Darrell Issa, los principales investigadores en el Congreso del asunto, pidieron la entrega de más documentos para aclarar el origen y el porqué del fracasado operativo de la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
El objetivo de «Rápido y Furioso», según la ATF, era rastrear las armas que conseguían los narcotraficantes y miembros del crimen organizado, para desmantelar a esos carteles. Pero, la operación fracasó y se perdió el rastro a centenares de armas.
Sobre el caso, Grassley e Issa también enviaron cartas a los dirigentes del FBI, Robert Mueller, y de la DEA, Michelle Leonhart, para averiguar qué papel jugaron esas agencias en ese operativo.
Según los legisladores, el director interino de la ATF, Kenneth Melson, les informó de documentos con la «pista decisiva» sobre «Rápido y Furioso».
Los legisladores enviaron la carta a Holder después de que Melson les dijera, en una sesión a puerta cerrada el pasado 4 de julio, que el Departamento de Justicia le había denegado permiso para rendir testimonio.
La «pista decisiva»
La carta incluye parte de las extensas declaraciones que dio Melson ante los legisladores y que dejan en claro, a su juicio, los esfuerzos del Departamento de Justicia por ocultar información y centenares de documentos relacionados con «Rápido y Furioso».
Melson le dijo a los legisladores que, al revisar varios documentos relacionados con un caso en particular, encontró lo que describió como la «pista decisiva» sobre el trasiego ilegal de pertrechos de alto calibre a México.
Según parte de su testimonio, el contrabando de armas «podía y debió haber sido interceptado, pero no ocurrió».
Melson, al parecer, implicó a otras agencias federales en el operativo, incluyendo el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y la DEA (Dirección Estadounidense Antidrogas), y se quejó de que el Departamento de Justicia está intentando proteger a altos cargos políticos dentro de la entidad.
«El Departamento (de Justicia) ha bloqueado el flujo de información de la oficina del director interino (de ATF)», dijeron Grassley, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, e Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental en la Cámara de Representantes.
El Departamento de Justicia debe entregar todos los documentos requeridos para «entender los fallos de liderazgo» en torno a la operación encubierta, indicaron en la carta.
Entre otras cosas, los legisladores quieren saber si algunos de los blancos del operativo -los que suministraron las armas de alto calibre a los carteles de la droga en México- podrían haber sido informantes pagados del FBI.
«Aunque esta es información preliminar, de comprobarse, tendría drásticas repercusiones. No sólo significaría que dinero de los contribuyentes pudo haber financiado a quienes ayudan a armar a los carteles de la droga mexicanos, sino que también significaría que la ATF, sin querer, pudo haber dirigido» sus acciones contra los informantes, señalaron Issa y Grassley.
El contrabando de cerca de 2,000 armas, principalmente semiautomáticas, se ha convertido en un escándalo mayúsculo para ATF y ha suscitado tensiones en las relaciones entre EU y México.
Algunas de estas armas han sido vinculadas con los asesinatos de dos agentes federales de Estados Unidos, Brian Terry y Jaime Zapata.
fuente:Univision
