La República Dominicana ha estado viviendo en los actuales momentos una crisis económica profunda, producto de la Corrupción Administrativa, la mala administración publica y la ineficiente política económica, lo cual ha traído como consecuencia el empobrecimiento de la clase media, y el empeoramiento de la pobreza extrema, lo cual ha desesperado a muchos ya que una crisis económica profunda aumenta considerablemente la alta tasa de desempleo.
Una tasa alta de desempleos, sumado a la corrupción imperante, falta de aplicación de la ley, y una Policía Nacional mal pagada, traen como consecuencia un aumento de la delincuencia totalmente descontrolada.
Ya hemos visto como han aumentado los asesinatos denominados sicariatos, el tráfico y consumo de drogas, la violencia de género o intrafamiliar, etc., en todo el país, no obstante el Gobierno piensa que con un dialogo con todos los sectores nacionales la delincuencia disminuirá.
Muchos culpan al Código Procesal Penal, pero dicha disposición legal no establece en ninguno de sus articulados que los agentes policiales deben de estar asignados a otras funciones ajenas a la suya, no dice en ninguna parte que los mismos deben ser mal pagados, ni que tampoco pueden contestar las llamadas del 911, ni mucho menos dice que los policías no deben estar patrullando o extorsionando al inocente en una esquina oscura en la noche.
El 26 de Enero del 2010, fue proclamada la nueva Constitución de la República, la cual ha reconocido el derecho de la población a vivir sin violencia, en el artículo siguiente:
“Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia.”
El referido precepto constitucional reconoce textualmente el derecho de toda persona a recibir el respeto a su integridad física, psíquica y a vivir sin violencia, no obstante, con todos los factores mencionados en los párrafos anteriores uno se pregunta, es posible acaso el imperio y aplicabilidad del articulo preindicado, ha actuado el Estado Dominicano (Policía Nacional, DNCD, Ministerio Publico y Justicia) para que dicho articulo se pueda aplicar, soy de la consideración que no.
No bastan los discursos bonitos en campaña electoral, ni la cantidad de coroneles o generales con que cuenta la Policía Nacional, si a la hora de la verdad no harán absolutamente nada. La Policía Nacional está en su deber de combatir la criminalidad, para lo cual no necesitan ellos un fiscal presente, ni una orden judicial, dicho deber también fue establecido en la nueva Constitución de la República, la cual dice lo siguiente:
“Artículo 255.- Misión. La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar. La Policía Nacional tiene por misión:
1) Salvaguardar la seguridad ciudadana;
2) Prevenir y controlar los delitos;
3) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente;
4) Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.”
El previamente invocado articulo constitucional le reconoce la misión expresa de salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir los delitos, así como las otras 2 atribuciones, las cuales en conjunto, le permite actuar, si necesidad de esperar una herramienta legal como la planteada modificación al Código Procesal Penal, y a su vez hacer que se respete el articulo 42 de la Constitución de la República en lo referente a vivir en una sociedad sin violencia, pero con una Policía Nacional mal pagada y desorganizada, es difícil aplicarlo, razón por la cual considero que la ultima palabra siempre la tendrá el Presidente de la República, ya que el es el Jefe Supremo de los Cuerpos Policiales, y a su vez, es quien puede proponer leyes al Congreso y dotar a los agentes policiales de herramientas de trabajo que los hagan útiles para combatir el crimen, además de aumentarles el sueldo.
Por Alejandro Alberto Paulino Vallejo
