Aunque los padres están obligados moral y legalmente a suplir a sus hijos alimentación, educación y otras necesidades, algunos de ellos, principalmente hombres que no conviven con la madre del menor, incumplen con la manutención de sus vástagos.
Con ello, no solamente violan uno de los derechos fundamentales de los menores, como lo constituye la alimentación, sino también la ley 136-03 o Código de Menor, que establece sanciones para esta falta.
Ante el incumplimiento de esa responsabilidad, los padres son demandados judicialmente, provocando que los tribunales les impongan una pensión alimentaria.
En los últimos tres años, el ministerio público ante los juzgados de paz del país ha recibido alrededor de 44 mil denuncias por negación de manutención de sus hijos menores, la mayoría sometidas contra el padre.
La magistrada Marisol Tobal, procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes, precisó que cada año son presentadas un promedio de 14,766 querellas.
Entre un 47 y un 49 por ciento de los casos, las partes se ponen de acuerdo en la fase de conciliación que se agota en el ministerio público, evitando que se apodere a un tribunal del expediente.
Distrito Nacional
Solo en los cuatro juzgados de paz que funcionan en el Distrito Nacional, han sido presentadas 5,152 denuncias, en el período enero del 2010 hasta abril del 2011.
En el caso de las denuncias por manutención en el Distrito Nacional, 3,086 fueron judicializados, es decir, que el tribunal fue apoderado de la demanda, correspondientes a 60% y 1,744 fueron conciliados en el ministerio público.
Las otras 95 demandas fueron desistidas. Con la conciliación que garantiza el cumplimiento de esa responsabilidad, los demandados se liberan de la sanción penal que contempla el Código del Menor, de hasta dos años de prisión correccional, la cual se suspenderá desde el momento en que cumple con la obligación.
Los tutores de los menores han pedido pensiones alimentarias por un monto que oscila desde 1,000 hasta 200,000 pesos, en función de la solvencia económica que demuestre o aparente tener el padre, sobre todo cuando se trata de funcionarios, legisladores o figuras públicas.
Los montos más elevados generalmente son reclamados cuando se trata de funcionarios o figuras públicas.
Además de la sanción penal establecida en el código, la Procuraduría está solicitando a los jueces que imponga impedimento de salida, según comunicó Tobal.
Aunque no aporta las estadísticas de las demandas por sexo, Tobal sostiene que ha habido pocos casos contra las madres, porque por lo general son los hombres los que acostumbran a ser irresponsables.
Fuente:ListinDiario
