La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Comisión Ambiental y el equipo ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana solicitaron a los poderes políticos encaminar acciones para anular la apropiación de más de cien tareas dentro del Área Protegida de Bahía Luperón por parte de empresarios, congresistas y militares.
Durante una rueda de prensa en el Salón del Consejo Universitario, encabezada por la vicerrectora administrativa Emma Polanco, el coordinador de la comisión de Medio Ambiente de la UASD, Luis Carvajal, dijo que ambas instituciones solicitan a la Procuraduría General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Protección Ambiental, la recuperación de esos terrenos, que por tercera ocasión fueron cercados con alambres de púas para evitar el acceso público al Área Protegida.
“El área de la que se pretenden apropiar incluye zonas de alto valor histórico, como el área de desembarco de Bahía de Luperón, incluido el lugar donde recientemente se erigió el monumento en honor a los héroes del desembarco de junio de 1949”, explicaron.
Afirman que Bahía Luperón es un área de alta fragilidad ambiental, con un enorme potencial turístico al servicio de todos los visitantes dominicanos y extranjeros, protegida bajo la leyes 202, 64-00 y la propia Constitución de la República.
“Los manglares de Bahía de Luperón, amenazados por esta apropiación ilegal, presentan un ecosistema de altísima fragilidad y con una función estabilizadora de las dinámicas y procesos que ocurren en la región, incluyendo el contexto biológico donde habitan poblaciones muy importantes de manatíes en peligro de extinción; donde se encuentran extensas áreas de alimentación, proliferación y refugio de muchas especies pesqueras de importancia comercial y ecológica”, precisan los ambientalistas.
Sostuvieron que todos los estudios realizados en la zona han aconsejado niveles de protección aun más estrictos de los que amparan el área, lo que más que impedir, garantiza el aprovechamiento turístico y el sostén de las múltiples actividades económicas que se desarrollan en el entorno de la Bahía.
“Nuestras instituciones solicitan a los poderes públicos, encaminar acciones ante los tribunales, no solo contra quienes físicamente han intervenido, sino sobre todo contra los responsables, cuyas funciones exigen que actúen de parte y no en contra del interés público, las leyes y la Constitución de la República”, exigen.
En la rueda de prensa estuvieron presentes además, el director del Instituto Sismológico Eugenio Polanco, Felícita Heredia miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, el director de planta física Edwin Díaz, el director de Bienestar Estudiantil José Francisco Disla, la encargada de seguimiento de convenio Millie Pérez, entre otras personalidades.
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